Las vacaciones del juez Juan Carlos Peinado han precipitado dar un paso clave en la causa que se cierne sobre la esposa del presidente del Gobierno: el permiso para salir de España con su pasaporte retirado. De esta manera, la decisión ha corrido a cargo del magistrado Antonio Viejo, quien ha determinado que Begoña Gómez podrá acudir a Londres para la graduación académica de su hija, pero no a Ankara para la Cumbre de la OTAN que acoge Turquía esta semana. Pese a que el foco judicial y mediático está en manos del juez Peinado ahora, con su ausencia temporal, la pregunta es obligada: ¿Quién es el juez Antonio Viejo? Lo cierto es que ésta figura de los tribunales no es desconocida en el mundo mediático y político, puesto que se trata del mismo magistrado que se está haciendo cargo de la investigación del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, por la primera pieza del presunto fraude fiscal de 350.910 euros. El actual titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid asumió la instrucción del caso en julio de 2025, cuando la entonces jueza encargada Inmaculada Iglesias se jubiló de manera voluntaria. Viejo llegó a dirigir la Secretaría General de la Administración de Justicia durante la primera etapa del Gobierno de Pedro Sánchez, a propuesta del entonces ministro Juan Carlos Campo para el cargo por su perfil técnico. Con tres décadas de ejercicio judicial, cuando ejerció como decano en los Juzgados de Plaza de Castilla entre 2015 y 2018 garantizó «levantar las alfombras» heredadas de su antecesor en el cargo, José Luis González Armengol, quien estuvo mencionado en ciertas grabaciones del excomisario José Manuel Villarejo por, presuntamente, maniobrar para proteger a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre en el marco de un incidente con el tráfico en el centro de la capital. El juez Viejo ralentizó la investigación sobre las cuentas del novio de Ayuso Su predecesora en el juzgado de instrucción dictó un auto en junio de 2025 una orden con la que mandaba a la UCO a actuar como policía judicial del caso para responder así a la complejidad de éste por el «incremento patrimonial» del imputado y detectar información sobre un posible «uso instrumental» de sus sociedades. Con la incorporación de Viejo en octubre, a finales de aquel mes, alcanzó la primera parte de la información por corrupción en los negocios y administración desleal del empresario. Una semana más tarde, el juzgado había completado la remisión de documentos de la Guardia Civil. Sin embargo, la instrucción que ha comandado desde entonces ha estado protagonizada por su lentitud en el propio proceso. El requerimiento de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a investigar las cuentas del empresario madrileño se remonta a diciembre de 2025, pero la fase se ralentizó durante seis meses debido a que el juez se demoró en contestar a la UCO para acceder a sus cuentas bancarias. Mientras acontecía este…


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