La estrategia de Feijóo: antes el poder que el país

La derecha española ya ha empezado a preparar el relato por si pierde las próximas elecciones: no habrán sido limpias. No denuncian irregularidades concretas; construyen una coartada antes incluso de que se abran las urnas. Es una estrategia conocida, la misma que puso en práctica Donald Trump en 2020 y que ahora algunos parecen dispuestos a importar sin el menor pudor. El mecanismo es siempre el mismo. Se siembra la sospecha antes de conocer el resultado. Si ganan, todo habrá funcionado correctamente. Si pierden, el sistema estará amañado, el Gobierno carecerá de legitimidad y cualquier resultado será cuestionable. No es nada nuevo. Llevan deslegitimando al actual Ejecutivo desde el mismo día en el que se conocieron los resultados de las últimas elecciones generales. El PP y Vox cuentan ya con una influencia muy importante en buena parte de los grandes poderes del país. La tienen, de forma evidente, en el ámbito económico. Y, a través de él, en una parte relevante del ecosistema mediático: muchos medios responden a intereses empresariales y políticos muy próximos a la derecha. También asistimos desde hace tiempo a decisiones y actuaciones judiciales que alimentan una preocupación legítima sobre la desigualdad con la que se tratan determinados asuntos. No se trata de desacreditar a la Justicia ni de cuestionar a los jueces en bloque. Precisamente al contrario. Defender el Estado de derecho exige señalar aquello que puede deteriorar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. Cuando casos que guardan grandes similitudes reciben un tratamiento radicalmente distinto según quién esté implicado, es lógico que la gente se pregunte si todos somos iguales ante la ley. La instrumentalización judicial se percibe al comparar algunos casos. El fiscal general del Estado fue condenado por la difusión de un correo relacionado con el caso de Alberto González Amador. Sin embargo, ninguno de los periodistas que declaró en el juicio señaló a García Ortiz como fuente de la filtración, y dos magistradas del Supremo consideraron, en voto particular, que no existían pruebas para condenarlo. Aun así, fue inhabilitado. El contraste con Miguel Ángel Rodríguez resulta difícil de entender. El ventrílocuo de Ayuso difundió los nombres y la fotografía de dos periodistas de El País, con la falsa acusación de acosar a vecinos, incluidos menores. La jueza no ha llegado a llamar a declarar a los policías que identificaron aquel día a los periodistas y que podían aclarar cómo circularon sus datos. La instrucción se ha cerrado después de escuchar a Miguel Ángel Rodríguez y a Alberto González Amador, las dos personas directamente implicadas en los hechos, cuya versión coincidente —que la imagen procedía del vecino del quinto— ha bastado para archivar la causa. Ni tan siquiera ha hecho falta comprobar si el edificio tiene cinco plantas. No se trata de discutir las resoluciones judiciales, sino de constatar que, según quién esté implicado, parece que el nivel de exigencia probatoria no siempre es el mismo. Y esa sensación es devastadora para la democracia. Porque la Justicia necesita ser independiente, pero también…