El caso del novio de Ayuso no va solo de facturas, consultoras y juzgados. Va de una pregunta mucho más incómoda: quién se enriquece cuando la sanidad pública se convierte en una caja registradora privada.
EL NOVIO, QUIRÓN Y LA LÍNEA DE PUNTOS QUE NADIE QUIERE MIRAR
Entre 2021 y 2023, Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ganó una media de casi 1,5 millones de euros al año. No está mal para un “ciudadano cualquiera”. Tampoco está mal que esos fueran, precisamente, los primeros años de su relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Casualidades. Siempre casualidades. En Madrid parece que la suerte empresarial cae del cielo, pero solo en ciertos áticos, ciertos despachos y ciertas sociedades con nombres pulidos.
González Amador había creado su consultora en 2016. Al año siguiente empezó a hacer auditorías para Quirónprevención. Entonces sus facturaciones estaban por debajo de los 400.000 euros. Después vino el salto. Y no un salto pequeño. Un salto de esos que en cualquier democracia mínimamente higiénica obligaría a abrir ventanas, expedientes y preguntas públicas. Porque Quirón recibe cada año alrededor de 1.000 millones de euros por su cooperación hospitalaria en la Comunidad de Madrid. Ahí está la línea de puntos. No hace falta ser detective. Basta con no querer mirar hacia otro lado.
El novio de Ayuso tiene hoy dos frentes judiciales abiertos. Uno por fraude fiscal de 350.000 euros. Otro por el presunto soborno a un alto cargo del grupo hospitalario Quirónsalud. Y mientras tanto, la presidenta madrileña sigue vendiendo una épica de persecución política, como si el problema fuera la existencia de jueces, periodistas o inspectores de Hacienda. No. El problema es bastante más concreto. El principal cliente de la pareja de una presidenta es un gigante sanitario que recibe cantidades obscenas de dinero público del Gobierno que ella preside.
Hacienda investiga al presidente de Quirónprevención, Fernando Camino, porque González Amador compró a su mujer una consultora que, según las sospechas, habría servido para facturar servicios de auditoría a Quirónprevención. Una consultora sin actividad ni empleados. Una empresa que pasó de moverse en el trasiego de productos de droguería, perfumería y cosmética a dedicarse a la “compraventa, distribución y exportación de productos sanitarios y de parafarmacia y consultoría de gestión de empresas y asesoramiento de directivos”. El capitalismo castizo tiene estas mutaciones milagrosas. Ayer crema facial. Hoy asesoramiento sanitario. Mañana, quién sabe, salvación nacional.
Como empresa de belleza, esa sociedad declaraba cifras de negocio entre 31.000 y 59.000 euros. Acabó vendiéndose por medio millón. Una maravilla. Para algunos, visión empresarial. Para otros, olfato. Para la UCO, algo bastante menos poético: “indicios de simulación”. Y detrás, la sombra de un presunto soborno a favor de Camino, a quien González Amador tendría que haber devuelto el favor de dejarle intermediar en una compraventa de mascarillas por la que se embolsó 2 millones de euros. Camino y Amador llevaban haciendo negocios juntos más de una década. Aquí nadie aterriza de repente. Aquí hay relaciones, puertas, favores y una red que huele demasiado a privilegio.
Todo esto se conoce tras seis meses de espera. Ese es el tiempo que ha tardado el juez en autorizar el acceso a las cuentas bancarias de las personas implicadas. A la vez, ha denegado el examen de la información tributaria y de la Seguridad Social para proceder de forma escalonada. Curioso país este, donde algunos procedimientos corren como galgos y otros avanzan como procesiones de Semana Santa. Especialmente curioso cuando los casos presentan similitudes evidentes. La justicia también comunica cuando acelera. Y comunica mucho cuando frena.
EL PROBLEMA NO ES SOLO AMADOR: ES EL MODELO
La cuestión no termina en González Amador. Ni siquiera termina en Ayuso. El caso abre un melón mucho más grande, más podrido y más estructural: la frontera obscena entre consultoría privada, contratación pública y poder político. Esa zona gris donde todo parece legal hasta que deja de parecerlo. Donde las y los altos cargos dicen no saber nada. Donde familiares, parejas, socios y amigos hacen negocios en sectores regados con dinero público. Donde el Estado paga, las empresas privadas facturan y la ciudadanía recibe listas de espera, hospitales tensionados y propaganda.
El enredo tiene todos los ingredientes del régimen madrileño: amigos íntimos, consultoras con nombres anglófonos, familiares sacando tajada y una sanidad convertida en mina de extracción. No una sanidad pensada para curar, sino para derivar, concertar, externalizar y facturar. Lo llaman colaboración público-privada porque saqueo público-privado quedaría demasiado claro en los folletos electorales.
Por eso habría que preguntarse de una vez por qué no se reforman las reglas sobre incompatibilidades en el entorno de los altos cargos. No para hacer literatura jurídica. Para impedir que el círculo íntimo de quienes gobiernan pueda enriquecerse en sectores donde la Administración reparte contratos millonarios. El régimen de conflictos de interés en España necesita una reforma profunda. Hay que reforzar el marco estatal, cerrar las lagunas autonómicas, especialmente en sanidad, y ampliar el foco más allá de la pareja formal, el cónyuge o la convivencia registrada.
La Ley 5/2006 debería actualizarse para incluir con claridad el “entorno relevante” de los altos cargos. Parejas no convivientes, familiares directos, sociedades interpuestas, socios principales, intermediarios y empresas pantalla. Todo eso que la política profesional conoce perfectamente, aunque luego finja estupor ante los micrófonos. También deberían ampliarse las obligaciones de declaración de actividades y bienes para detectar empresas que operan en sectores con alta contratación pública.
La Oficina de Conflictos de Intereses no puede seguir siendo un adorno institucional. Necesita autonomía funcional y capacidad sancionadora real. Sanciones por no declarar, por declarar en falso o por mantener situaciones de conflicto sin abstención ni desvinculación. No comunicados. No recomendaciones. Sanciones. Porque sin consecuencias, la ética pública se convierte en un PowerPoint.
También habría que introducir en la legislación de contratos públicos una cláusula expresa de exclusión o restricción cuando la empresa, su socio principal o sus intermediarios relevantes tengan vínculos directos con el entorno de altos cargos decisores. Salvo autorización motivada y control externo. Y en adjudicaciones sensibles, como sanidad, emergencias o grandes infraestructuras, debería existir un análisis previo de conflicto de interés con informes vinculantes de integridad emitidos por unidades especializadas.
Las empresas concesionarias que trabajan con fondos públicos tendrían que publicar sus relaciones de consultoría, comisiones y pagos con personas vinculadas a cargos públicos. Y si ocultan información, pérdida de contrato y prohibición de contratar. Así de simple. Porque quien vive del dinero público no puede comportarse como si estuviera en una finca privada.
La lógica de las DACI, las Declaraciones de Ausencia de Conflicto de Interés desarrolladas para fondos europeos, debería extenderse a toda contratación pública por encima de determinados umbrales. También a nivel autonómico. Sobre todo en comunidades que gestionan presupuestos gigantescos en políticas públicas. Sanidad, dependencia, vivienda, transporte. Ahí está el dinero. Ahí está el negocio. Ahí está la tentación permanente.
Y sí, incluso aunque no hubiera ilícito penal, la mera existencia de relaciones económicas intensas entre el círculo íntimo de una presidenta y un gran contratista sanitario debería activar ceses, dimisiones y responsabilidades políticas. Pero en el Madrid de Ayuso la responsabilidad política se ha sustituido por victimismo televisivo, ataques a Hacienda y una maquinaria mediática dedicada a convertir cada sospecha en conspiración. El problema no es que investiguen al novio de Ayuso. El problema es que nos hayan acostumbrado a llamar casualidad a lo que parece una forma de gobierno.
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