Un inspector de Hacienda desgrana en Malas Lenguas el caso del novio de Ayuso

Las críticas de Miguel Ángel Rodríguez a la Agencia Tributaria por el caso de Alberto González Amador han encontrado este sábado respuesta en Malas Lenguas. El inspector de Hacienda Julio Ansel Pérez Boga ha intervenido en el programa de Jesús Cintora para explicar cómo se originó la investigación fiscal sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso y qué elementos llevaron a los técnicos a apreciar posibles irregularidades. Lejos de la imagen de una actuación política o dirigida, el inspector ha descrito una actuación ordinaria de la Agencia Tributaria que comenzó al detectar un comportamiento anómalo en una empresa. «Esto empieza con una sociedad en la que se observa que la facturación crece de forma estratosférica, pero los beneficios no aumentan», ha explicado. 📊 «Se simuló la compra de una sociedad». 🧾 Julio Ransés Pérez Boga, inspector de Hacienda, analiza las claves del informe de Hacienda sobre González Amador en #MalasLenguasN. pic.twitter.com/O6JeToJt3V — Malas Lenguas (@MalasLenguas_Tv) June 20, 2026 Según ha relatado, ese tipo de situaciones suelen activar las comprobaciones de Hacienda. El aumento de ingresos sin una evolución similar de los beneficios llevó a los inspectores a revisar la contabilidad de la empresa Maxwell Cremona, entonces propiedad de González Amador. Facturas de México y empresas sin actividad Pérez Boga ha explicado que durante la investigación comenzaron a aparecer gastos que despertaron las sospechas de los inspectores. «Empezamos a encontrar facturas que parecían falsas», ha señalado. Entre las comprobaciones realizadas, la Agencia Tributaria solicitó información a México sobre algunas de las sociedades que supuestamente habían emitido facturas. «Pedimos información a México y México responde que esa sociedad no había facturado nada a Maxwell Cremona», ha afirmado. Los inspectores también revisaron empresas españolas que habían emitido facturas y se encontraron, según ha explicado, con sociedades sin empleados o domicilios particulares sin actividad empresarial. Además, Hacienda detectó bases imponibles negativas y gastos deducibles cuya justificación resultaba dudosa. El resultado de esa primera inspección fue la apreciación de posibles delitos fiscales que acabaron siendo remitidos a la Fiscalía. El inspector también se ha referido a una segunda línea de investigación relacionada con la compra de una sociedad que, según ha explicado, apenas tenía actividad. Se trata de una empresa que anteriormente se dedicaba a la prestación de servicios sanitarios y que, según el inspector, carecía prácticamente de activos. «Nos encontramos con una sociedad que no tiene actividad, que no tiene empleados y que se compra por medio millón de euros», ha explicado. Esa operación llevó a la Agencia Tributaria a investigar al vendedor de la compañía, Fernando Camino. Según Pérez Boga, los inspectores se preguntaron si esos ingresos procedían realmente de la venta de una sociedad o si podían ocultar otra operación distinta. La investigación paralizada por la vía judicial El inspector ha explicado que la Agencia Tributaria mantiene actualmente suspendida parte de esa comprobación a la espera de que avance la investigación judicial. La apertura de una pieza separada por un presunto delito de corrupción en los negocios y el pago de una…