Sentada pacífica de las educadoras infantiles de Madrid para forzar a Ayuso a negociar: "Nos han precarizado"

Las educadoras de las escuelas infantiles de Madrid han protagonizado este miércoles una sentada en la consejería de Educación para exigir la apertura de una mesa de negociación con la Administración regional y establecer mejoras en sus condiciones salariales y laborales. La protesta, que las educadoras habían planeado como una acción pacífica, ha terminado siendo disuelta después de que acudiera la Policía y no les permitiera continuar, según han explicado las propias trabajadoras.

“Nos hemos encerrado para exigir de una vez que se abra una mesa de negociación y aquí nos vamos a quedar hasta que nos echen o nos den esa reunión”, defendían las educadoras infantiles en declaraciones a este medio. Finalmente, la intervención policial ha impedido que pudieran mantener la sentada en el interior de la Consejería.

Las trabajadoras, que mantienen la huelga desde el pasado 7 de abril, reclaman mejoras salariales, una reducción de las ratios y la implantación de la pareja educativa. La protesta llega después de meses sin una respuesta por parte de la Comunidad de Madrid y de varias movilizaciones, que ahora coinciden con el inicio del curso escolar, lo que hace que la situación se haya vuelto todavía más “delicada”.  

La Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI) mantiene desde hace cinco meses la presión sobre las administraciones para que se sienten a negociar las condiciones laborales del personal que trabaja en el primer ciclo de Educación Infantil. 

El comienzo de este nuevo año lectivo ha coincidido con el mantenimiento de la huelga de las educadoras de 0 a 3 años. A principios de septiembre, las educadoras ya habían organizado una concentración permanente con pernocta en la Puerta del Sol, frente a la sede del gobierno de la Comunidad de Madrid, para recordar que el conflicto todavía sigue abierto y que las reclamaciones de la huelga “no habían sido escuchadas” por la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo.

“Queremos que se abra una mesa de negociación”, resumen las trabajadoras, que aseguran que no están dispuestas a abandonar sus reivindicaciones hasta que la Comunidad se siente a negociar. 

De un lado, denuncian aulas saturadas, con ratios de 8 bebés por educadoras, 13 de uno a dos años y 16 de dos a tres, para lo que ya han conseguido que el Ministerio de Educación elabore un real decreto que mejore esas ratios. Por otro lado, la gestión de este ciclo, que en su mayoría está en manos de empresas privadas y que, como señalan, “han precarizado las condiciones laborales”, con salarios que rondan el salario mínimo y contratos inestables. 

Salarios que no reconocen la responsabilidad de su trabajo 

Una de las principales reivindicaciones de las trabajadoras es la equiparación salarial entre las profesionales de las escuelas infantiles de gestión directa y las de gestión indirecta, estas últimas con una gestión externalizada a empresas o cooperativas mediante contratos públicos. 

La diferencia es sangrante, prácticamente el doble

Las educadoras denuncian que, pese a desempeñar funciones similares, las condiciones retributivas pueden ser muy diferentes en función del modelo de gestión. Una de ellas, Lucía Martínez, asegura que algunas profesionales “cobran alrededor de 1000 euros, mientras que otras, pueden alcanzar los 1800 o 1900 euros, dependiendo de su antigüedad o condiciones”. “La diferencia es sangrante, prácticamente el doble”, afirma.

Las trabajadoras buscan que las administraciones incorporen complementos salariales en los pliegos de contratación para garantizar que las mejoras lleguen a las empleadas de las escuelas de gestión indirecta. Desde la plataforma, reclaman que el dinero público destinado a las escuelas infantiles se traduzca en mejores condiciones para las profesionales. “Este año un 10, el que viene un 20”, explican como ejemplo de una posible aplicación progresiva de estos complementos.

Menos niños por aula y más profesionales

La reducción de las ratios y la implantación de la pareja educativa son otras de las demandas centrales de la huelga. Las trabajadoras soportan actualmente una elevada carga de profesional y denuncian que las aulas pueden llegar a estar formadas por 8 bebés, 14 menores de uno a dos años y 20 niños de dos a tres años por educadora. En este sentido, las educadoras ya han conseguido que el Ministerio de Educación haya planteado modificaciones de estas ratios y que se reduzcan estas cifras.

Sin embargo, reclaman que es necesario, además, que se incluya la pareja educativa y que haya dos profesionales de referencia en cada aula. “La pareja educativa permite atender mejor las necesidades de los menores y evitar que una baja deje a una sola trabajadora al frente del grupo”, reconoce Lucía Martínez. “Si una persona está de baja, mañana tiene que haber otra”, añade.

Para las trabajadoras, la falta de personal “repercute directamente en los cuidados” y recuerdan que están defendiendo algo que va “mucho más allá” de sus condiciones laborales: “Estamos defendiendo el derecho de los niños y niñas a recibir la atención, el cuidado y la educación que merecen”, señalan.

Además, desde la plataforma sostienen que las primeras semanas son cruciales porque constituyen el periodo de adaptación con los niños y que los cambios constantes de educadora pueden dificultar la creación de vínculos estables con ellos. “En todo caso, debe haber otra persona que sea de ayuda y que también se convierta en un referente para las criaturas”, afirma Martínez.

Una etapa educativa “crucial”

Las educadoras defienden que el trabajo en las aulas de cero a tres años no se limita a los cuidados básicos, sino que también implica acompañar el desarrollo emocional de los menores, detectar posibles necesidades educativas y trabajar con las familias. “Somos gente muy formada y, por las condiciones que hay, se está perdiendo mucho capital humano que se ve obligado a trabajar en otro sitio para contar con un mejor salario”, lamentan las educadoras.

“Si yo no puedo pagar mis facturas, ¿con qué cuerpo entro yo en clase?”, resume una de las educadoras. Para las trabajadoras, la precariedad laboral termina afectando también a la atención que pueden ofrecer a los menores: “No puedo transmitir calma si no tengo calma”. La falta de unas buenas condiciones, explican “afectan a la atención emocional, a los cuidados y también al trabajo pedagógico que se desarrolla en estas edades”.

La protesta de este miércoles se suma así a cinco meses de huelga y movilizaciones, mientras las educadoras reclaman a la Comunidad de Madrid que abra una mesa de negociación y concrete medidas para mejorar las condiciones laborales del sector. Las educadoras sostienen que “la protesta se mantendrá abierta” hasta tener una respuesta desde la administración regional.