El ‘caso ático’ de Isabel Díaz Ayuso ha dado un nuevo paso, aunque su recorrido judicial todavía está lejos de terminar. El Tribunal de Cuentas ha apreciado indicios de un posible perjuicio a los fondos públicos por la compra de un inmueble de lujo en Madrid, adquirido por 6,3 millones de euros a través de la empresa pública Planifica Madrid. Una decisión que ha llevado al jurista Joaquín Urías a explicar, ante las preguntas de Silvia Intxaurrondo en TVE, qué ocurrirá a partir de ahora, quién podría acabar respondiendo por la operación y qué consecuencias tendría que se acreditara un uso indebido del dinero público.
La resolución, conocida el pasado viernes 13 de noviembre, supone un primer avance para las denuncias presentadas por la adquisición del inmueble, situado en la calle General Martínez Campos de Madrid. El Tribunal de Cuentas ha rechazado archivar las actuaciones, como solicitaban la Comunidad de Madrid y Planifica Madrid, y ha acordado elevarlas para que se proponga el nombramiento de un delegado instructor. Sin embargo, todavía no existe una resolución definitiva que determine la existencia de responsabilidad contable.
Precisamente, Urías ha comenzado explicando que la investigación se encuentra en una fase inicial. «Parece que poquito a poco se van a ir dando pasos dentro de la investigación. Primero se nombrará a un instructor y él poquito a poco será el que tenga que hablar con las partes e ir avanzando en la investigación», ha señalado.
El jurista ha advertido de que el procedimiento no tendrá una resolución inmediata. «El caso va para largo. Lo que tenemos es que el Tribunal de Cuentas, que a pesar de su nombre es un órgano jurisdiccional, ha decidido que hay indicios para iniciar un procedimiento», ha explicado, insistiendo en que esa decisión no equivale a establecer responsabilidades.
Urías ha detallado también cuáles son las principales dudas que deberán esclarecerse. «Estamos en el comienzo. Lo primero va a ser nombrar un instructor, que actúa como los jueces instructores, recogiendo pruebas«, ha indicado. Según ha relatado, la consejera que dictó el auto ha señalado varias posibles irregularidades en la adquisición, entre ellas la existencia de un sobreprecio, la falta de documentación justificativa previa y las dudas sobre si la operación encajaba en las funciones de la empresa pública: «La consejera que ha resuelto el auto le ha señalado cuatro vías: parece que se pudiera haber pagado un sobreprecio, parece que no se respetaron los requisitos porque no había una memoria previa, no había un encargo y parece que no fue algo propio de la empresa que lo hizo», ha enumerado.
Estas cuestiones están recogidas en la resolución del Tribunal de Cuentas. La compra se formalizó el 14 de abril de 2026, mientras que la memoria que justificaba la necesidad del inmueble fue elaborada el 2 de julio. El órgano también aprecia motivos para examinar si Planifica Madrid podía realizar una operación de estas características, teniendo en cuenta que el ático tenía uso residencial y había sido adquirido para destinarlo inicialmente a dependencias institucionales.
El procedimiento, por tanto, deberá determinar si esas circunstancias ocasionaron un perjuicio efectivo a las arcas públicas. «Habrá que ver si todo esto es cierto y después de muchas investigaciones el instructor lo pasará a una sala que ya dictará una sentencia final. Aquí puede pasar un año o más y en esa sentencia veremos si realmente ha habido irregularidades, quién es el culpable y si hay que reintegrarlo o iniciar un procedimiento penal», ha explicado Urías.
Intxaurrondo también le ha preguntado contra quién se dirige exactamente el procedimiento, una cuestión especialmente relevante por la vinculación política del inmueble con el Gobierno madrileño. La respuesta del jurista ha sido prudente: «Ojalá fuera tan claro. En principio es contra una decisión».
Urías ha precisado que, por ahora, lo que se examina es la adquisición realizada por Planifica Madrid: «Esa decisión de una empresa que es Planifica Madrid y que ha comprado y ha rellenado una documentación en la que decía que valía un dinero que parecía que valía menos. Por ahora no va dirigido contra nadie», ha señalado. Por ello, ha evitado señalar anticipadamente a responsables individuales. «Evidentemente, como va a haber un instructor, verá quién ha tomado las decisiones, quién responde en última instancia», ha añadido.
La última cuestión planteada por Intxaurrondo ha sido qué ocurriría si finalmente se acreditase un uso indebido de los fondos públicos. Urías ha explicado que el procedimiento persigue principalmente recuperar el dinero que pudiera haberse utilizado irregularmente, siempre que se determine la existencia de responsabilidad contable: «Hay diversas posibilidades. Lo que se ha abierto se llama un procedimiento de reintegro porque está pensado para que si alguien ha utilizado fondos públicos irregularmente tenga que devolverlos», ha indicado.
Y ha concretado el posible alcance económico de una resolución desfavorable para los responsables de la operación: «Dentro del Tribunal de Cuentas lo que habrá es un procedimiento de reintegro, que una vez que se identifique quiénes son las personas responsables de un mal uso, si es que lo ha habido, se les pedirá a ellas que paguen lo que sea».
Finalmente, el jurista ha abordado la posibilidad de que los hechos trasciendan el ámbito contable. «Eventualmente, si hay algo más, se envía a la Justicia ordinaria para que los tribunales penales decidan si además ha habido malversación de fondos públicos o algún tipo de otro delito», ha concluido. Se trata, en cualquier caso, de una posibilidad condicionada a lo que determine la investigación, no de una imputación penal ya acordada contra la presidenta madrileña ni contra otros responsables de su Gobierno.


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