El Tribunal de Cuentas ha asestado un duro varapalo a la Comunidad de Madrid y a su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, en el caso sobre la compra del lujoso ático de Chamberí por el que la administración pagó 6,3 millones de euros. La consejera de Cuentas entiende que la adquisición con fondos públicos de un inmueble cuyo uso podía ser exclusivamente habitacional, de forma opaca y evitando los cauces habituales podría haber dado lugar “a un daño o perjuicio individualizado a los fondos públicos”.
Este pronunciamiento llega después de la Comunidad Autónoma (CCAA) y Planifica Madrid, empresa pública a través de la que se realizó la operación, reclamasen el archivo de la investigación. En sentido contrario, el Tribunal entiende que “las denuncias, globalmente consideradas, aportan datos referidos lo suficientemente precisos sobre unos hechos que han podido dar lugar a un daño o perjuicio individualizado a los fondos públicos”. Así, la intención de Ayuso de dar carpetazo al asunto se diluye y las pesquisas seguirán indagando sobre la operación.
Es más, el auto entiende que “en los hechos denunciados existen indicios de que haya podido producirse un presunto alcance a los fondos públicos en el sentido del artículo 72 de la de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas (LFTCu), como asimismo considera el Ministerio Fiscal, lo que impide que, en esta fase preliminar, pueda decretarse el archivo de las actuaciones con el rigor y la contundencia que exige el artículo 46.2 de la LFTCu”. Asimismo, recoge que “se puede llegar a una provisional determinación de los requisitos de una eventual responsabilidad contable”.
Por todo, eleva el caso y reclama que “la Comisión de Gobierno del Tribunal de Cuentas nombre una delegada o delegado instructor para la práctica de las actuaciones prevenidas en el artículo 47 de la LFTCu en relación con los hechos denunciados en esta acción pública, al ser en dicha fase de actuaciones previas en la que, con todas las garantías, se procederá a la investigación de los hechos, y a su provisional individualización determinando si los mismos pueden ser o no generadores de responsabilidad contable”.
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