El próximo 11 de noviembre, día en el que tendrá lugar la huelga general, se debatirán en Les Corts Valencianes las enmiendas a la totalidad a la Ley del Suelo presentadas por el PSPV y Compromís. Coincide que este segundo partido se ausentará del pleno para secundar el parón. La decisión se produce tras un cambio en el orden del día impulsado por el partido conservador y la ultraderecha a sabiendas de esta cuestión, tal y como informa elDiario.es.
El pasado jueves tuvo lugar una junta de síndics celebrada a petición de los populares, para modificar la propuesta del próximo pleno, a pesar de que ésta ya estaba fijada y aprobada. Los partidos de izquierdas se han negado a los cambios y acusan a las otras formaciones de “retorcer” e incluso “vulnerar” el reglamento de la cámara.
El PSPV considera que la decisión deja entrever “sospechosas prisas” de las formaciones de la derecha del tablero para sacar adelante la norma, si bien en su caso han decidido acudir al pleno “para defender las preocupaciones de la ciudadanía en materia de vivienda o educación”.
Por su parte, el PP habla de “cortina de humo” y acusa, con especial virulencia a Compromís, de usar “filibusterismo político” con el objetivo de “engañar a los ciudadanos”, señalando que las siglas valencianistas “quieren ir a la huelga y no saben cómo desmontar la historia”. Más a su derecha, Vox asegura que no tiene ninguna “prisa” porque la ley salga adelante y ha enmarcado dentro de lo “normal” este tipo de ajustes en el calendario.
Es imposible definir con seguridad que PP y Vox tengan especial prisa por sacar adelante la Ley del Suelo, pero los hechos permiten, al menos, sospechar que esa sensación exista realmente. Sin ir más lejos, la mesa del parlamento valenciano, que dispone de mayoría popular y ultraderechista, decidió tramitar la normativa por la vía de urgencia, lo que favorece un proceso menos más participativo y transparente. Las dos formaciones persiguen que la ley se apruebe antes de las fiestas navideñas.
Ley del Suelo
La nueva norma sustituirá de manera íntegra el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (TRLOTUP), aprobada en junio de 2021 por el Gobierno del Botánic, conformado por las fuerzas progresistas.
Entre los artículos más destacados de la normativa, destaca el 62, que permite implantar en suelo no urbanizable común determinados usos industriales, productivos, terciarios, turísticos y de servicio a través de una Declaración de Interés Comunitario (DIC) cuando no se encuentren expresamente prohibidos por el planeamiento y siempre y cuando se den las condiciones legales para urbanizar.
El texto establece asimismo que “en suelo no urbanizable protegido solo podrán autorizarse los usos o los aprovechamientos de los señalados en los dos artículos anteriores -es decir, turísticos o industriales- que estén expresamente previstos en la legislación sectorial que haya motivado su protección o en el planeamiento urbanístico, que quedarán sujetos a licencia o a declaración de interés comunitario, según proceda”.
También dicta que “cuando la protección derive de la legislación sectorial, los usos y aprovechamientos tendrán que ajustarse, en todo caso, al régimen establecido por esta, y los actos de alteración del estado natural de los terrenos únicamente podrán autorizarse en los términos expresamente permitidos por esta legislación”.
Los propietarios de suelos rústicos no urbanizables pueden encontrarse entre los grandes beneficiados, dado que se amplían las posibilidades por las que se pueden explotar estos terrenos, revalorizando así su potencial monetario. Entre los usos que se le podrían dar a los terrenos se encuentran el de explotación agrícola; transformación y comercialización de productos agrícolas; determinades actividades terciarias o alojamientos turísticos, así como, por ejemplo, algunas instalaciones energéticas.
Está asimismo la opción de habilitar vivienda aislada y familiar en suelo rústico no urbanizable común. Según el artículo 61, se acogería excepcionalmente esta tipología en parcelas de al menos 10.000 metros cuadrados, con una ocupación máxima de la edificación del 2% del total de la parcela.
Las enmiendas del PP y Vox se mueven en la línea de favorecer la concesión de licencias de obras dotando de un mayor protagonismo a los informes y declaraciones responsables de las entidades colaboradoras urbanísticas (ECUV) en posible perjuicio de la supervisión de los ayuntamientos.
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