La Generalitat no pone cifras a los sueldos extra de sus altos cargos mientras PP y Vox rechazan más controles

Diez altos cargos de la Generalitat Valenciana tienen autorización para compatibilizar sus responsabilidades en la Administración autonómica con actividades docentes y percibir ingresos adicionales por ellas. Sin embargo, el Gobierno valenciano no ha detallado cuánto cobran por impartir clases en universidades o preparar oposiciones, ni ha aportado información que permita comprobar de forma independiente que respetan el límite legal del 30% de su salario público. Así lo publica elDiario.es, a partir de una respuesta parlamentaria de la consellera de Justicia, Nuria Martínez, a preguntas de los diputados socialistas José Antonio Díaz y Antoni Gaspar. La documentación remitida por la Generalitat recoge que los responsables autorizados únicamente deben firmar una declaración responsable en la que aseguran que sus ingresos por docencia se encuentran dentro de los márgenes establecidos por la Ley 8/2016, de Incompatibilidades y Conflictos de Intereses de Personas con Cargos Públicos no Electos. En esa declaración, según la respuesta parlamentaria, los altos cargos hacen constar que las cantidades percibidas por sus actividades docentes respetan los límites previstos en la normativa. El propio Consell explica que, cuando un alto cargo declara que compatibiliza su puesto con la docencia, debe suscribir esa declaración mediante una casilla de verificación. Sin ese trámite, no puede presentar la declaración de actividades del mandato. No obstante, la respuesta no incluye las cantidades que percibe cada uno ni ofrece un desglose de sus ingresos adicionales. La pregunta de los socialistas buscaba precisamente conocer quiénes tenían autorización para impartir clases y cuánto dinero recibían por ello. El objetivo era comprobar que ninguno superaba el máximo permitido, fijado en el 30% del sueldo público. La información facilitada permite conocer los nombres y los salarios de los responsables, pero no verificar cuánto ingresan por sus actividades docentes. Según el listado incluido en la respuesta parlamentaria, a fecha de 13 de julio de 2026 había once altos cargos con compatibilidad para ejercer como docentes. Uno de ellos, Carlos Lirio, cesó a petición propia como subsecretario de la Vicepresidencia Primera, encabezada por Susana Camarero. Por tanto, las autorizaciones vigentes corresponden a diez responsables de la Administración autonómica. El grupo está formado por seis directores generales, tres secretarios autonómicos y un subsecretario. Sus salarios brutos anuales se sitúan entre los 68.000 y los 96.000 euros, incluidos los trienios. La mayoría imparte clases en distintas universidades, mientras que dos de ellos se dedican a preparar oposiciones. Se trata de Inés Sánchez, directora general de la Abogacía General de la Generalitat, y Marc Sánchez, director general de Costas, Puertos y Aeropuertos. Ambos desarrollan actividades de preparación de oposiciones, una de ellas vinculada también al propio cuerpo de abogados de la Administración autonómica, según la información publicada anteriormente por elDiario.es. El alto cargo con el sueldo más elevado es Joaquín Alfonso, subsecretario de la Conselleria de Sanidad, que percibe 96.446 euros brutos anuales, de los cuales 8.479 corresponden a trienios. Si sus ingresos por docencia en la Universidad Católica alcanzaran el máximo permitido, podría sumar hasta 28.939 euros anuales a su retribución pública. Otro de…