
El Consejo de Gobierno remite al Parlamento el proyecto de ley para las cuentas de 2027, con 54.716 millones de euros y un recorte del 8% en inversiones directas. El texto determina que se ahorrará en cooperación al desarrollo y se destinarán estos recursos a «planes de retorno»
Moreno anuncia que el primer presupuesto del Gobierno andaluz PP-Vox alcanzará los 54.716 millones, un 6% más
El Consejo de Gobierno ha aprobado este viernes y ha remitido al Parlamento para su tramitación el proyecto de ley de Presupuestos andaluces para 2027, los primeros del Ejecutivo de coalición PP-Vox, dotados con una cifra récord de 54.716 millones de euros, un 6% más que en el presente ejercicio. Las cifras también reflejan las líneas rojas del acuerdo con la ultraderecha, ya que se ha especificado que en materia de inmigración se mantendrán los “recursos existentes” y “sin incrementar” la creación de nuevas plazas o centros para menores extranjeros no acompañados.
Este ha sido uno de los puntos concedidos por Juanma Moreno al líder andaluz de Vox y su vicepresidente Manuel Gavira en un momento que coincide con el endurecimiento de su discurso de cara a la atención a la infancia rechazando el traslado de menores de Ceuta a Andalucía o apoyando las mociones del grupo de la ultraderecha en el Parlamento andaluz para “deportar” a personas migrantes y así solucionar el “colapso” de la vivienda en España.
En el comunicado del Gobierno andaluz, que esta vez no ha contado con rueda de prensa posterior con motivo del accidente ferroviario de Urda, se añade que “parte del dinero ahorrado en cooperación internacional al desarrollo se destinará a una nueva partida orientada a planes de retorno de menores no acompañados, para que puedan regresar con sus familias a los países de origen”. Así se adelantan los recortes en la partida, aunque todavía ha sido desglosado en este primer avance de las cuentas autonómicas.
El Ejecutivo andaluz ignora que no tiene competencias en la deportación de menores no acompañados. Lo único que podría hacer es instar al Gobierno central a hacer cambios para que se reestructurara el Sistema de Protección de Menores en Andalucía (SIME), el cual se encuentra en manos de la Junta y que, en vista de las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, podría presionar para que se efectuaran tales demandas si cambia el color político nacional. Pero, sin que estos cambios normativos todavía se puedan dar, cabe recordar que los menores extranjeros son integrados en los espacios de protección a los que también acuden los nacionales, grupo que fue el que más utilizó los recursos de acogimiento residencial en la comunidad (1.565 nacionalizados frente a 876 extranjeros, según los datos de 2024), por lo que cualquier modificación afectaría al conjunto de la infancia.
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El Consejo de Gobierno andaluz guarda un minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo).
Más aportación en vivienda y menos impuestos
Las macrocifras de las cuentas para el próximo ejercicio, avanzadas por el presidente Juanma Moreno la semana pasada, destinan la partida más gruesa para la sanidad (cerca de 17.000 millones, un 6,4% más), seguida de educación (11.889 millones, un 5,7% más) y servicios sociales (4.297,5 millones, un 17,8% más). Además, la gran apuesta del Ejecutivo autonómico para este curso es el aumento de la dotación en vivienda, que se reforzará con 954,6 millones de euros, un 22% más que en 2026 y que cuenta con una consejería propia esta legislatura.
El presupuesto de 2026 se ha elaborado bajo una previsión de equilibrio presupuestario (déficit cero) y con una estimación de crecimiento del PIB andaluz del 2,3%, cifra avalada por la AIREF y similar al año pasado, con una generación de empleo de 92.800 puestos. De ser así, Andalucía colocaría la tasa de paro por debajo del 14%, un hito que no se alcanza desde el tercer trimestre de 2007, antes de la gran crisis económica. La Junta contempla la contratación de 2.500 sanitarios, 4.309 docentes y el incremento de 160 funcionarios de Justicia.
Sin embargo, la inversión directa o a través de transferencias de la Junta de Andalucía sufre un recorte del 8%. En vista de la disminución de los fondos europeos, la partida se ha quedado en 5.901 millones de euros, unos 508 millones menos que el año pasado, por lo que habrá menos ejecución de inversiones públicas. Pese a la pérdida de unos 270 millones para la ejecución de programas procedentes de los fondos europeos, el aumento de ingresos se da a partir de una mayor recaudación estatal: la cifra da positivo gracias a la transferencia de mil millones más del sistema de financiación (que crece un 13%) y las transferencias finalistas y de dependencia (aumentan un 33%).
Con respecto a la vivienda, las protestas por la crisis habitacional que han atravesado a Andalucía durante los dos últimos meses auspiciado por el desalojo de Maricarmen y el malestar social que ha ido in crescendo a lo largo de la legislatura tiene su trasvase en las cuentas oficiales, al igual que ocurrió el año pasado con el refuerzo sanitario tras la crisis de los cribados de cáncer de mama, sin comisión parlamentaria aprobada un año después pese a que Vox se mostrara de acuerdo cuando no había entrado en el Gobierno andaluz.
Acerca de la vivienda, se establece en los presupuestos autonómicos que se realizará “un esfuerso sustancial” para disminuir los impuestos. Entre las nuevas medidas fiscales, destacan que la reducción del tipo general del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales pasará del 7% al 6,75%, al tiempo que se amplían a 200.000 euros el límite de precio de la vivienda habitual para acceder a los tipos reducidos (6%) y superreducidos (3,5%). Igualmente, se incluye la bonificación del 99% del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones entre hermanos cuando se herede la vivienda habitual, de lo que, estiman, se beneficiarán unos 3.000 andaluces.
Así, se consolida la octava bajada de impuestos que el Ejecutivo de Juanma Moreno lleva a cabo desde 2019 con un impacto de 2.100 millones de euros para el próximo año a la que habría que sumar las rebajas fiscales de los cursos anteriores. En esta ocasión se aborda por primera vez la rebaja de 0,25 puntos de forma general, lo que afectará a unos 4,7 millones de personas, así como la inclusión de las familias numerosas como nuevo colectivo para las deducciones en el IRPF del alquiler de vivienda habitual o la disminución del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD).
Inyección a las universidades públicas, en déficit estructural
El gasto social es “prioritario” para el Gobierno de coalición de PP y Vox, defendiendo que el 64,4% de las cuentas están destinadas a políticas sociales, destinándose 2 de cada 3 euros invertidos. Sumando sanidad y el resto de servicios sociales, sitúan en un aumento de 2.545,8 millones el incremento en esta línea con respecto a 2026. La partida de Sanidad prevé incrementar los recursos para la construcción de nuevas infraestructuras sanitarias, como el Hospital de Cádiz, la Ciudad Sanitaria de Jaén, el Hospital de Málaga o el nuevo hospital materno infantil de Huelva, así como reforzar la atención primaria, salud mental o las enfermedades crónicas. Además, se contempla que habrá 228 millones destinados a mejorar el equipamiento actual.
En Educación, el presupuesto autonómico se compromete a la gratuidad del ciclo de 0 a 3 años y el refuerzo de la plantilla con 4.309 docentes para los centros educativos públicos, de los que 2.096 se destinan específicamente a la atención del alumnado con necesidades educativas especiales. Respecto a las universidades, contará con una dotación de 1.979 millones de euros, es decir, un aumento de 137 millones en comparación al año anterior. Esta partida viene en plena crisis en la red autonómica académica, dado que, como advirtieron la Asociación de Universidades Públicas Andaluzas (AUPA), se ha estrado en un déficit estructural.
El sistema en su conjunto cerró el ejercicio de 2025 con un déficit ajustado de 44 millones de euros que provocó duras críticas al Gobierno de Juanma Moreno, ya que, desde 2024 se denuncia el incumplimiento reiterado de los acuerdos alcanzados para el modelo de financiación. Las primeras consecuencias ya están a la vista, entre ellas, el impago de cinco millones de euros por la deuda acumulada por el impago de complementos autonómicos y sexenios reconocidos a parte de la plantilla del Personal Docente e Investigador (PDI) desde 2025 en la Universidad de Sevilla.
Asimismo, la Consejería de Agricultura, Pesca Agua y Desarrollo Rural incorpora 396 millones de euros para infraestructuras hidráulicas y un Plan de Modernización para las lonjas pesqueras (8,5 millones de euros). Por otra parte, la Consejería de Fomento y Movilidad, que contará con un presupuesto de 1.332,6 millones de euros (12,8% más que en 2026), incluye entre sus proyectos las inversiones en la línea 3 del Metro de Sevilla, el de Málaga y de Granada y, también, una inversión de 200 millones para la mejora de carreteras
En la presentación de los primeros Presupuestos del Gobierno andaluz de coalición PP-Ciudadanos, en 2019, comparecieron dos consejeros populares, el de Hacienda y el de Presidencia, junto al vicepresidente de la Junta y líder regional de Ciudadanos, Juan Marín. El segundo gobierno de coalición de la etapa de Juanma Moreno, esta vez con Vox, afrontará el debate de las enmiendas totales y parciales próximamente, aunque los números de escaños ya predisponen su aprobación.



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