El documento que Ayuso bloquea para protegerse de la Justicia por su viaje a México

La falta de transparencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid sobre el viaje que Isabel Díaz Ayuso hizo a México en mayo es, precisamente, lo que podría salvar a la presidenta del Partido Popular regional de enfrentarse por él a la Justicia. La Fiscalía del Tribunal Supremo ha archivado la denuncia que interpuso en septiembre el abogado Javier Flores, que señalaba a la baronesa por el presunto delito de cohecho pasivo impropio. El motivo es que, según la fiscal, falta un documento que el Ejecutivo autonómico oculta desde hace casi seis meses. Ayuso viajó a México del 2 al 11 de mayo, regresando antes de tiempo, según ella, por una persecución del gobierno de Claudia Sheinbaum que nunca llegó a demostrar. Pese a asegurar que temió por su seguridad, la presidenta madrileña pasó varios días sin agenda, después de cancelarla, en un resort de la Riviera Maya en el que permaneció hasta que regresó a España. Meses después y con la polémica ya sembrada, la Comunidad de Madrid hizo públicos dos gastos de 623 euros como el total de dinero público gastado por Ayuso, por el uso de las salas de autoridades del aeropuerto de Barajas. Los tres altos cargos que la acompañaron, sin embargo, superaron los 15.000 euros cada uno, por transporte, alojamiento y manutención durante los nueve días que pasaron en México. La clave del cohecho, la incógnita del viaje a México Esa enorme diferencia es la que sostenía la denuncia de Flores por cohecho pasivo. En el caso de Ayuso, no constaba en los gastos «apunte alguno correspondiente a transporte aéreo intercontinental, alojamiento durante nueve o diez noches, desplazamientos internos entre las distintas ciudades mexicanas ni manutención», según el escrito al que accedió El Plural. Esto, explicaba el letrado, constituye el principal motivo por el que la presidenta podría haber incurrido en el delito de cohecho. La explicación a esta brecha la dio ella misma, cuando dijo que su Ejecutivo «solo puede publicar los gastos que son imputables a la Administración, a sus instituciones o a sus organismos». Es decir, que «aquello que no ha sido gasto de la Comunidad de Madrid, en este caso, no se puede publicar» porque no le corresponde, argumentaba. Para Flores, esto supone el «eje fáctico» de la denuncia, ya que Ayuso reconoció implícitamente que alguien más pagó su viaje a México -a excepción de esos 623 euros-, pero seis meses después se sigue sin conocer «la identidad de quien sufragó las prestaciones», que es lo que pedía al Supremo que investigara. La cuestión está en que, al contrario de lo que dijo Ayuso, sí es relevante conocer quién pago ese viaje que, aunque se sufragara con dinero privado, era de carácter institucional, según lo que publicó la Comunidad de Madrid. Según el Código Penal, «la autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, admitiera, por sí o por persona interpuesta, dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su cargo o función» se enfrenta…