Denuncian que el Gobierno de Ayuso baraja la subida del 19,9% en el precio de las plazas en residencias privadas

Pladigmare, la Asociación Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias, vuelve a encender las alertas sobre la gestión que el Gobierno de la Comunidad de Madrid lleva a cabo de las residencias de la región, esta vez a razón de la renovación próxima de la acreditación de más de 270 centros privados que no cuentan con plazas concertadas. Según ha denunciado la plataforma en un comunicado, la Comunidad de Madrid ha estado 18 años acreditando a residencias privadas sin plazas concertadas, «exigiendo unas ratios de personal del año 1990 de un 0,35 (35 trabajadores, de todas las categorías, por cada 100 residentes a distribuir entre tres turnos de trabajo), según la Orden 612/1990, sin aplicar unas ratios de personal establecidas en el Consejo Territorial de la Dependencia obligatorias, al no haber votado en contra de las mismas en ningún momento». Desde Pladigmare ponen de manifiesto que estos requisitos se concretaron, entre otros, en el año 2008, por el Consejo Territorial de la Dependencia, en el número de personal necesario, con unas ratios del 0,28 (28 gerocultoras por cada 100 residentes a distribuir entre tres turnos de trabajo) en la categoría de gerocultoras o similares y del 0,47 (47 trabajadores, de todas las categorías, por cada 100 residentes a distribuir entre tres turnos de trabajo), para todo el personal. En esta línea, desde la plataforma ponen de relieve que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso estableció en 2024 una Orden (2680/2024) donde se fijaron los requisitos y estándares de calidad en aras de conseguir la acreditación «que empeoran los establecidos a nivel estatal en el Acuerdo de Acreditación del Consejo Territorial de la Dependencia del año 2022». Al hilo de ello, desde la Asociación remarcan que esta Orden da un plazo de dos años (que vence el próximo 17 de noviembre) para renovar la acreditación a más de 270 residencias privadas que no tienen plazas concertadas, pero que necesitan dicha acreditación para poder tener a personas dependientes con la prestación económica vinculada al servicio. A razón de todo lo anterior, Pladigmare alerta y denuncia dos asuntos principales. El primero de ellos es la «posibilidad de subir a las personas usuarias el precio de la plaza como consecuencia de la adaptación a los nuevos requisitos, hasta un 19,9%». «Si no hubieran estado acreditando residencias, exigiéndoles unas escasísimas ratios de personal, esos incrementos no podrían ser tan altos», agregan en el comunicado. Por otra parte, la Plataforma advierte que si el coste de la adaptación resultare del 20%, o más, «van a seguir estando acreditadas exigiéndoles la escasísima ratio de personal de la Orden 612/1990, del 0,35 (35 trabajadoras de todas las categorías, incluido el Director, a distribuir entre tres turnos)». Con ello, Pladigmare insiste en que el Gobierno de Ayuso «ha convertido las residencias de personas mayores en un pingüe beneficio para las empresas privadas y los Fondos de Inversión, que dominan mayoritariamente este sector con más del 92% de las residencias en manos privadas o gestionadas por…