El PP usa una queja por presunto acoso machista para forzar el desalojo de la acampada por la vivienda en Palma

La acampada por la vivienda de la Plaça d’Espanya de Palma se ha convertido en un nuevo frente de disputa entre el movimiento social y el Ayuntamiento. El alcalde, Jaime Martínez (PP), ha incorporado ahora un nuevo argumento a su ofensiva: las quejas sobre supuestos comportamientos machistas formuladas dentro del propio campamento. Tanto los integrantes de la la Acampada per l’Habitatge como el colectivo Flama han acusado al primer edil de “instrumentalizar el feminismo” y de utilizar estas situaciones -que ya habían abordado internamente-, para justificar políticamente el desalojo de las tiendas instaladas en protesta por la emergencia habitacional.

Lo ponen de manifiesto en un comunicado conjunto difundido este martes en respuesta a la nota que, momentos antes, había emitido el Consistorio palmesano. En ella, la corporación municipal, gobernada por los populares con el apoyo de Vox, reclama a la Delegación del Gobierno en Balears que intervenga para desalojar “sin más demora” la acampada. Para ello, el Ayuntamiento se apropia de “las graves denuncias hechas públicas por el colectivo Flama” y advierte también de la presencia de menores de edad en este espacio.

“Se trata de denuncias que, por su gravedad, hacen todavía más necesario que la Delegación del Gobierno deje de mirar hacia otro lado, asuma sus responsabilidades y actúe de forma inmediata ante una situación que requiere una respuesta por parte de la Administración competente”, subraya el comunicado.

El Ayuntamiento alude a una nota difundida por Flama en su perfil de Instagram, en la que la organización anunciaba su retirada de la organización de la acampada tras un proceso interno de “debate y reflexión” en el que, según explica el colectivo feminista, detectó “comportamientos y actitudes sexistas, así como situaciones de acoso sexual” incompatibles con los principios de cuidado y transformación social que defiende. El colectivo señalaba además su responsabilidad ante la presencia de militantes menores de edad y asegura que su protección, integridad y seguridad son una “prioridad absoluta”.

La salida, sin embargo, no supone un alejamiento de la lucha por el derecho a la vivienda ni de los objetivos de la protesta. No en vano, Flama aclaraba en la misma nota que reivindica las acampadas y la desobediencia civil pacífica como herramientas “legítimas e imprescindibles” para combatir la especulación y defender el derecho a la vivienda, y deja claro que su crítica no se dirige al movimiento social ni a sus reivindicaciones. El colectivo aseveraba así que abandona su participación orgánica en la acampada, pero no la lucha por una vivienda digna.

Tras el comunicado del Consistorio, Flama y la Acampada recriminan que el alcalde utilice estas situaciones para reforzar una decisión de desalojo que, recuerdan, el Ayuntamiento ya había reclamado antes de conocer los hechos. “El Ayuntamiento ya pedía el desalojo antes de conocer estos hechos; ahora pretende utilizarlos para reforzar una decisión política que ya había tomado”, sostienen.

Los colectivos marcan así una diferencia entre los comportamientos concretos que puedan producirse en el campamento y la existencia de la protesta como tal. Su argumento es que la denuncia de actitudes machistas dentro de la acampada no equivale a reclamar su desaparición. Para reforzarlo, lanzan una comparación directa con el Consistorio: “Si la existencia de comportamientos machistas fuese motivo suficiente para desalojar un espacio entero, quizás el alcalde y sus socios deberían plantearse desalojar el Ayuntamiento”.

En esta línea, rechazan que las situaciones denunciadas dentro del campamento puedan utilizarse como argumento para deslegitimar el conjunto de la movilización. “Denunciar comportamientos machistas no es denunciar la existencia de la acampada. Señalar problemas puntuales dentro de un espacio colectivo no es pedir su disolución”, señalan. Flama y la Acampada per l’Habitatge aseguran que no han ocultado estos episodios, sino que los han abordado internamente. Tal como explican, han escuchado a las afectadas, han tomado medidas, han apartado del espacio a personas que generaban inseguridad y han puesto en marcha mecanismos de “prevención, atención y reparación”.

“Al alcalde le pedimos algo muy sencillo: que deje de instrumentalizar el feminismo para justificar su agenda política y que empiece a escuchar”, concluyen Flama y la Acampada per l’Habitatge. “La vivienda es un derecho. La acampada sigue”, sentencian.

La acampada de la plaza de España comenzó después de la concentración celebrada en la plaza de Cort bajo el lema “Ni una Maricarmen más”, en solidaridad con la movilización surgida en Madrid tras el desahucio de Maricarmen Abascal. Desde entonces, los participantes han organizado asambleas y turnos para mantener el campamento y han anunciado su intención de prolongarlo.

La protesta reclama, entre otras medidas, una reducción de los alquileres, mayor protección frente a los desahucios, regulación de los alquileres temporales y de habitaciones y la declaración de Balears como zona de mercado residencial tensionado. La movilización se mantiene mientras el precio de la vivienda continúa sometiendo a una fuerte presión a los hogares de Palma.