La alcaldesa de San Juan de Aznalfarache (PP), procesada por el contrato de las piscinas municipales

La inestabilidad política en el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache (Sevilla) se acentúa por momentos. La alcaldesa de la localidad, María Luisa Moya (PP), y el exconcejal de Deportes y ex primer teniente de alcalde, Carlos Alberto Amado, se enfrentan a un nuevo proceso judicial por la contratación del servicio de mantenimiento de las piscinas municipales durante 2023. Tal y como ha adelantado Diario de Sevilla tras conocer el auto del Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla, el magistrado ha decidido continuar con el procedimiento ante un Tribunal del Jurado al apreciar indicios de posibles delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. El procedimiento se remonta a abril de 2023, cuando el Ayuntamiento inició la contratación del servicio de fontanería, mantenimiento integral y herrería de las piscinas. La cooperativa Osset denunció posteriormente haber sido excluida del proceso de adjudicación pese a haber presentado una oferta que, según sostuvo la propia entidad, era económicamente inferior. La empresa decidió acudir a los tribunales después de solicitar explicaciones al Consistorio y considerar que no había recibido una respuesta satisfactoria. Osset sostuvo que había concurrido junto a otras empresas y que su propuesta ofrecía el canon más bajo. La cooperativa defendió que tenía derecho a competir en igualdad de condiciones por el contrato y atribuyó a una decisión que consideraba arbitraria su exclusión del procedimiento. El caso fue admitido a trámite por el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla. Durante el mes de julio de 2025 Vox exigió «responsabilidades políticas inmediatas» a lo que bautizó como «caso Amado», el entonces concejal de Deportes y portavoz de Cambia San Juan. La formación sostuvo que el Ayuntamiento había terminado contratando por unos 50.420 euros unos trabajos para los que, según su denuncia, se habían solicitado previamente varios presupuestos sin que se hubiera iniciado un procedimiento de contratación administrativa. La contratación investigada se produjo, además, durante el periodo en el que PP y Cambia San Juan compartían el Gobierno municipal. María Luisa Moya llegó a la Alcaldía en junio de 2023 gracias al acuerdo entre ambas formaciones: el PP obtuvo siete concejales en las elecciones municipales y Cambia San Juan consiguió cuatro. Sin embargo, durante febrero de este mismo año el pacto llegó a su fin. El PP anunció su ruptura con el partido Cambia San Juan y el cese de sus cuatro concejales en el Gobierno local. El PP defendió esta decisión debido a las «deslealtades continuadas y mantenidas en el tiempo». Desde entonces, los populares gobiernan en solitario con siete concejales en una corporación de 21 ediles, lo que dificultó la gobernanza y aumentó la inestabilidad política en el Ayuntamiento. La ruptura se produjo en un contexto de creciente tensión política y judicial en el municipio. Días después, el Pleno reclamó la dimisión de la alcaldesa. La iniciativa salió adelante con los votos de socialistas, Cambia San Juan y Podemos-IU, mientras Vox se abstuvo. Los socialistas justificaron su petición aludiendo, entre otros motivos, a los distintos frentes judiciales abiertos que…