La acampada en la Puerta del Sol ha supuesto un cruce de reproches entre administraciones también a nivel de seguridad, especialmente porque tanto la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento de Madrid llevan prácticamente desde el pasado sábado acusando a Delegación de Gobierno de no disolver a los manifestantes, que están comportándose en todo momento de manera pacífica. La administración regional ha lanzado un ultimátum de 48 horas para ello al delegado de Gobierno. El consejero de Presidencia del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel García Martín, ha señalado que la ciudadanía madrileña está «sufriendo una acampada ilegal y sin que el delegado del Gobierno o el Ministerio del Interior estén haciendo nada para evitarlo». Así, una de las personas de máxima confianza de la baronesa regional, y que hace un par de semanas comparecía en la Asamblea de Madrid para dar explicaciones sobre el ático que Planifica Madrid adquirió por 6,3 millones de euros el pasado mes de abril, ha acusado la «impunidad, ilegalidad y el desorden» que, a su juicio, genera el escenario en la céntrica plaza madrileña, y que ello «no pueden seguir campando a sus anchas». El requerimiento, además del desalojo de Sol, pide que se «proteja el edificio de la Real Casa de Correos», que tiene «250 años de historia» y está «declarado Bien de Interés Cultural». La sede de la Comunidad de Madrid, sostiene García Martín, «ha sufrido actos vandálicos en los últimos días, donde se ha arrojado basura contra su fachada y hemos visto desde pintadas, donde se ha arrojado basura contra su fachada y contra sus ventanas». Este punto es propicio para subrayar que, en contra de lo que el consejero de Presidencia y la propia Ayuso han asegurado respecto del comercio, éste no se está sufriendo consecuencia alguna, y que la inmensa mayoría de las personas que se encuentran en Sol se han comportado en todo momento de forma totalmente cívica. De hecho, los pocos incidentes que han tenido lugar han sido consecuencia directa de las provocaciones de agitadores como Bertrand Ndongo o Vito Quiles, u otros rostros vinculados a la extrema derecha. Posibles acciones legales La Autonomía madrileña ha advertido de la posibilidad de acciones legales si la Delegación de Gobierno no atiende el requerimiento, en una línea similar a la que se ha pronunciado el Ayuntamiento. En este sentido, el consistorio de José Luis Martínez-Almeida emitía ya el pasado lunes su pretensión de acudir a la Justicia «si la Delegación mantiene su negativa a intervenir». Este martes, se ha vuelto a pronunciar de forma similar y ha sostenido que la acampada «debería ser levantada de forma inmediata», cargando nuevamente contra el Delegado de Gobierno, al que ha acusado de «dejación de funciones». El regidor ha preguntado «por qué las tiendas de campaña valen en Sol y no en Ferraz», pasando por alto, parece, lo simbólico del lugar y que los manifestantes se quejan a partes iguales de la gestión llevada a cabo por Comunidad, consistorio madrileño y Gobierno…
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