El problema del acceso a la vivienda es el principal problema para los andaluces, según el Centra. La batalla política está servida en nuestra comunidad, entre quienes defienden un modelo de mayor intervención por parte de las administraciones para regular el mercado, bajar precios y gravar en impuestos las más de 600.000 viviendas vacías, y quienes defienden que la única solución pasa por construir más vivienda (oferta) para compensar la alta demanda. La última Ley de vivienda de la Junta de Andalucía, elaborada en 2025, va en este último sentido. Sin embargo, pese a ocho años de Gobierno de Moreno Bonilla administrando las competencias autonómicas de vivienda, esta no ha cesado hasta convertirse en un serio problema para los andaluces -igual que en el resto de España-, en un contexto marcado por el alza de precios, la proliferación de vivienda turística y la contención de salarios. En cualquier caso, la Adminsitración autonómica podría asumir mayores competencias que de las que goza actualmente. Concretamente, las que están plasmadas en el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, elaborado por el Gobierno central. Este plan, presentado el pasado abril -ante la inminente campaña andaluza- contó rápidamente con el respaldo del Gobierno andaluz. Cambio de postura El plan aprobado por el Ejecutivo central establecía un nuevo modelo de financiación para esta competencia y se basaba en un modelo de «corresponsabilidad» entre administraciones. Así, en el caso andaluz, el Estado aportaría el 60% del total (718,2 millones) y la Junta de Andalucía el 40% restante (478,8 millones). Seis días más tarde, en la recta final de la precampaña para las elecciones andaluzas, el Gobierno de Moreno Bonilla aceptó el nuevo plan, advirtiendo de que además de incorporarlo en el programa electoral, la Consejería de Vivienda iniciaría los procesos para adecuar el Plan Vive 2020-2030 a las nuevas exigencias del Gobierno respecto a las VPO. Sin embargo, cuatro días después de finalizar la campaña electoral, la consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía en funciones, Rocío Díaz, acudió a la Conferencia Sectorial de Vivienda de Madrid, donde denunció la «imposición» del Gobierno de España en algunas competencias de vivienda autonómica y anunció que los servicios de la consejería que dirige estaban revisando el contenido completo del plan porque «no estamos de acuerdo en cómo se ha hecho la financiación». Apenas un mes después de dicho anuncio, el Gobierno de Moreno -todavía en funciones- anunció que plantearía un conflicto de competencias al Gobierno de España en relación con el plan de vivienda, en paralelo con la Comunidad de Madrid. Se trata del paso previo preceptivo para poder iniciar el conflicto de competencias para dirimir cuál de las dos administraciones tiene el derecho y la capacidad de ejercer una función o regular una materia específica, en este caso, las ayudas a la vivienda y que resolverá el Tribunal Constitucional. La invasión de las competencias que denuncia la Adminsitración de Moreno ocurre, principalmente, en los requisitos establecidos por el Gobierno central para aplicar el Plan. Es decir…
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