Las comunidades del PP, junto a Canarias, dan portazo al Plan de Educación Inclusiva del Gobierno

Nuevo choque entre las comunidades autónomas y el Gobierno central. En esta ocasión, el desacuerdo ha tenido lugar en el seno de Educación, donde las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, sumándose Canarias, han rechazado este viernes el Plan Estratégico de Educación Inclusiva presentado por el Ministerio de Milagros Tolón. La iniciativa del departamento estatal de Educación, Formación Profesional y Deportes no ha obtenido luz verde en la Conferencia Sectorial por 12 votos en contra, y solo seis a favor, que se concentran en las comunidades gobernadas por los socialistas, además del País Vasco y el propio Ministerio. Un resultado por el que el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, ha lamentado: «Interpretamos que una posición ideológica, una estrategia partidista, ha impedido que España se dote de un plan estratégico que luego debía ser desarrollado». De esta manera, el segundo al mando de Educación ha destacado que sacar adelante el plan del Gobierno «era una exigencia ética» para brindar atención al alumnado «que más lo necesita»: «Era el marco conceptual a partir del cual desarrollar normativas y financiación. El rechazo de las comunidades autónomas no nos va a impedir continuar con el trabajo en favor de esa cantidad de alumnos», ha incidido. Ante la necesidad de seguir avanzando en el camino de la inclusión, Educación inició una serie de actuaciones para elaborar un plan estratégico de educación inclusiva que garantice que se da una respuesta educativa a la diversidad del alumnado, construyendo espacios de interlocución con distintos agentes de la comunidad educativa. El paquete de medidas se presentó como un marco de actuación integral con el objetivo de consolidar un sistema educativo inclusivo, equitativo y de calidad en todo el territorio español. Los objetivos generales de este plan buscan garantizar que todo el alumnado, sin excepción, tenga acceso a una educación que responda a sus necesidades individuales y que promueva su pleno desarrollo personal, académico y social. Sin olvidar la evaluación y el seguimiento de las políticas inclusivas con el fin de garantizar que las medidas implementadas tengan un impacto real y positivo en la vida del alumnado. La negativa de las autonomías del PP La voz cantante del ‘no’ de las comunidades del PP con respecto al plan estatal la ha entonado Castilla y León, cuya Consejería lo ha rechazado por plantear, a su juicio, «un modelo que puede restringir la libertad de las familias para elegir la modalidad de escolarización que mejor responda a las necesidades de sus hijos». Ha defendido al tiempo que tanto educación inclusiva como especial son «compatibles» y que esta necesidad de inclusión de alumnos debe dar garantías «del entorno educativo, los profesionales y los apoyos que mejor respondan a sus necesidades». De la misma manera, ha tildado de «imprescindible» preservar la función de escolarización y atención directa de los centros de Educación Especial, además de su papel como centros de referencia y apoyo, especialmente para aquellos alumnos que requieren una atención altamente especializada. Bajo este marco, las comunidades de…