La autopista de peaje AP-9 todavía no está enmarcada en elenco de vías de competencia regiona. Esto se debe a que la Xunta de Galicia permanece estática en lo que a la puesta en marcha de los trámites correspondientes para hacer efectiva la transferencia a la comunidad autónoma por parte del Estado. Así lo denunció en las últimas horas el viceportavoz del Bloque Nacionalista Galego, Luís Bará. El dirigente del BNG no dudó en reclamar al Gobierno presidido por Alfonso Rueda que inicie de una vez por todas la maquinaria en marcha para que esa trasferencia sea una realidad. La misma se refieren tanto a la titularidad y las competencias sobre esta vía de pago que cruza la región de norte a sur. Cabe recordar que ese traspaso vio la luz en el Congreso de los Diputados el pasado 23 de julio. En este punto, el dirigente nacionalista volvió a criticar la actitud de la derecha y la ultra derecha. Bará señaló que esa aprobación de finales de mes de julio pudo lograrse «a pesar del voto en contra del PP y Vox», centrando su crítica en los ‘populares’, cuya posición calificó de «bochornosa y vergonzosa». «Ustedes siguen las órdenes de sus jefes en Madrid, trabajan para el PP de Madrid y subordinan los intereses de Galicia a los del Partido Popular de Madrid», aseguró. En este sentido, continuó con su ataque al PP acusando a sus miembros de «traicionar a los gallegos» por su voto en contra a la transferencia de la AP-9. Asimismo, aprovechó para adelantar que su formación reclamará la anulación definitiva de la prórroga de la concesión de la autopista a la empresa adjudicataria hasta 2048. No escatimó duras palabras a la hora de definir de forma breve lo ocurrido con esta carretera, hasta llegar a su privatización y las prórrogas por las que ha pasado. A su juicio, el PP es el partido que «regaló una prórroga a la concesionaria para que se forrasen», un hecho que se tradujo en una condena en el tiempo para la ciudadanía gallego en forma de «peajes abusivos». Lo tiene que pagar el Estado En el pleno del Parlamento, además de lo anterior, Luís Bará le echó en cara a la bancada popular que la prórroga de la concesión hasta 2048 «fue declarada ilegal por la Comisión Europea», al tiempo que cuestionó que la AP-9 continúe sometida a peajes «mientras se liberaron alrededor de mil kilómetros de autopistas en los últimos años». El principal argumento que utiliza el Ejecutivo gallego es el económico, es decir, la cantidad que se supone se tendrá que abonar a la concesionaria para recuperar la autopista. Rueda y su equipo se sirven como argumento para oponerse a la anulación de la concesión de tener que hacer frente a un coste de 4.000 millones de euros, en caso de aceptar la medida. Bará, sin embargo, al igual que su formación ya hizo hace meses, recordó que los ‘populares’ en su momento hablaron de un coste…


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