En la clausura del acto «Más vivienda pública, más vivienda asequible», el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido una intervención más decidida de las administraciones sobre un mercado que, a su juicio, ha dejado de cumplir una de sus funciones esenciales: permitir que quienes trabajan puedan encontrar un lugar donde vivir sin que el alquiler absorba una parte desproporcionada de sus ingresos. El líder del ejecutivo ha reivindicado que es necesario «intervenir un mercado de la vivienda que no vivienda», como hacen quienes aplican la ley y el tope a los alquileres, frente a un PP cuyos gobiernos autonómicos «sirven a los fondos que especulan». Y ha cargado directamente contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso: «Hacer política de vivienda no es comprar un ático de 6 millones de euros». Su conclusión ha sido inequívoca: «Hacer política de vivienda es garantizar que los ciudadanos puedan permitirse una casa decente, un techo bajo el que construir un hogar». La frase transforma el debate inmobiliario en una cuestión de prioridades públicas. No se trata únicamente de cuánto cuesta una vivienda, sino de quién puede acceder a ella y qué modelo de sociedad produce un mercado residencial determinado. «El Gobierno no va a quitarse de en medio», ha proclamado Sánchez, en una declaración que resume el cambio de paradigma que pretende imprimir a la política residencial: frente a la confianza exclusiva en los mecanismos del mercado, más suelo público, más parque de alquiler asequible, regulación de los mercados tensionados y una presencia sostenida de las instituciones. El Ejecutivo ha articulado buena parte de esta estrategia a través de CASA 47, la entidad pública estatal encargada de impulsar vivienda asequible. El Consejo de Ministros autorizó en junio una nueva inyección de 260 millones de euros para acelerar su parque público, elevando a 2.080 millones los recursos transferidos y permitiendo activar 22 nuevos proyectos con 1.629 viviendas. Hacer política de vivienda es garantizar que los ciudadanos puedan permitirse una casa decente y no comprar un aticazo para la presidenta de un gobierno autonómico. El Gobierno de España está y estará ahí. Poniendo recursos e impulsando un marco jurídico que ofrezca soluciones.… pic.twitter.com/CQjxgVGCQV — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 7, 2026 El mercado que, según Sánchez, «está roto» El diagnóstico presidencial parte de una constatación social que trasciende las fronteras españolas. «Buscar una vivienda se ha convertido en una carrera de obstáculos», ha afirmado Sánchez, antes de advertir de que la dificultad para acceder a un hogar constituye una «tremenda injusticia» presente también en otros países. Para el presidente, el problema no reside únicamente en que falten viviendas, sino en que la oferta disponible no siempre responde a las necesidades económicas de la mayoría de los hogares. De ahí su defensa de una intervención pública sostenida: «Es un mercado que no se autorregula», ha señalado, porque, según su interpretación, el incremento de la demanda en determinadas áreas, la escasez de oferta asequible y la presión inversora pueden expulsar progresivamente a trabajadores, jóvenes…


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