La crisis migratoria vivida en Ceuta durante las últimas semanas ha vuelto a situar la inmigración en el centro de la agenda política española. La llegada masiva de personas a la ciudad autónoma, la atención a los menores no acompañados y el posterior debate sobre su distribución entre comunidades autónomas han abierto un nuevo episodio de tensión entre administraciones y partidos, y a su vez, se ha convertido en el epicentro de la batalla cultural de la derecha y la extrema derecha. La estigmatización de estas personas y su criminalización inmediata en base a su origen ha sido un mensaje claro desde Vox, mientras que el PP no ha adoptado posiciones tan radicales, pero sí se ha dado la mano con la extrema derecha para abogar por la devolución de menores y migrantes a sus países de origen. Es por ello que más allá de la gestión inmediata de la emergencia, los acontecimientos también están teniendo consecuencias directas sobre el debate político. La situación en Ceuta comenzó a adquirir una dimensión extraordinaria a finales de julio, cuando se produjo una llegada masiva de personas procedentes de Marruecos. Los servicios de la ciudad tuvieron que hacer frente a una presión muy superior a la habitual y entre las personas llegadas se identificó a un número elevado de menores. La dimensión de la crisis obligó a activar mecanismos extraordinarios de coordinación entre el Gobierno central y la Ciudad Autónoma de Ceuta, y ello reabrió el debate sobre la capacidad de las comunidades autónomas para asumir parte de la responsabilidad en la atención a estos menores. En respuesta, el Gobierno ha planteado un mecanismo de distribución territorial y ha anunciado recursos adicionales para reforzar la atención, pero aquellas comunidades gobernadas por PP y Vox no han visto con buenos ojos el reparto, enrocados en las posiciones discursivas mencionadas. Un problema en tres dimensiones La situación ceutí tiene tres dimensiones. La humanitaria es la primera y más importante de todas, relacionada con la atención de las personas vulnerables y la capacidad de las administraciones para poner medios a su disposición. La política es la segunda y, con ella, todos los debates que se están generando, de los que gotean intervenciones como la de José María Figaredo (Vox) en Espejo Público, que habló explícitamente de «cogerlos y cazarlos» para «devolverlos inmediatamente», una retórica que raya en la deshumanización. La tercera es la jurídica: la legislación española establece obligaciones específicas de protección hacia los menores no acompañados, independientemente de su nacionalidad o situación administrativa. Por ello, la Fiscalía ya ha advertido de que las comunidades autónomas deben cumplir las responsabilidades que les corresponden en materia de protección de menores, pese a la oposición de PP y Vox al respecto. Volviendo al plano político, una de las cuestiones que dan tronco al discurso de la extrema derecha es, precisamente, la inmigración, por lo que no es sorpresa que Vox haya situado esta crisis en el centro de su discurso desde el mismo día de la entrada, con…
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