La aplicación de la Ley de Vivienda avanza de manera desigual en España. Tres años después de su entrada en vigor, 317 municipios han sido declarados zonas de mercado residencial tensionado (ZMRT), una figura que afecta a unos 9,3 millones de personas, según los datos del Ministerio de Vivienda. La implantación se concentra especialmente en Catalunya, Navarra y Euskadi, mientras que otras comunidades mantienen bloqueadas las peticiones promovidas desde los municipios donde más se han disparado el precio de los alquileres. En los territorios gobernados por el Partido Popular, 41 localidades han visto frenadas sus solicitudes, bien mediante una negativa expresa de los ejecutivos autonómicos, bien por la ausencia de respuesta administrativa. El conflicto enfrenta así a corporaciones locales que reclaman aplicar la regulación estatal con gobiernos autonómicos que cuestionan su utilidad o rechazan activarla por sectarismo ideológico. Para acelerar los procedimientos administrativos y jurídicos, el Gobierno central prevé incorporar una reforma de la Ley del Suelo en el Real Decreto de Vivienda que pretende aprobar en septiembre. La modificación plantea cambiar el régimen de recursos contra los instrumentos de planeamiento urbanístico para evitar la presentación sistemática de impugnaciones y permitir que los planes no queden anulados por defectos menores que puedan subsanarse durante su tramitación. La Comunitat Valenciana concentra el mayor número de bloqueos El caso más numeroso se encuentra en la Comunitat Valenciana, donde 16 municipios han intentado sin éxito acceder a la declaración. Entre ellos figuran Dénia, Mislata, Sedaví, Pobla de Farnals, Alginet, Sagunto, Almàssera, Gandia, Burjassot, Aldaia, Bonrepòs i Mirambell, Petrer y Buñol. A estas localidades se suman Paterna, Alboraia y Alaquàs, cuyos plenos municipales han reclamado iniciar el procedimiento, aunque hasta ahora no han recibido una respuesta del Ejecutivo autonómico. Paiporta, afectada especialmente por la crisis de la DANA, también ha comenzado a plantearse la declaración, aunque todavía no ha aprobado formalmente la petición. Desde el PSPV-PSOE, su portavoz de vivienda en Les Corts, Benjamí Mompó, denuncia que la Generalitat ha rechazado reiteradamente la aplicación de la normativa y recuerda que las iniciativas planteadas por su grupo han contado con el voto contrario de PP y Vox. Madrid, otro de los principales focos de conflicto La disputa se reproduce en la Comunidad de Madrid. Al menos once municipios han tratado de incorporarse al sistema: Rivas Vaciamadrid, Alcorcón, Ciempozuelos, Coslada, Fuenlabrada, Getafe, Mejorada del Campo, Pinilla del Valle, San Fernando de Henares, San Martín de la Vega y Velilla de San Antonio. Rivas Vaciamadrid ha llevado incluso el enfrentamiento a los tribunales y ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la actuación de la Comunidad. El recurso fue admitido a trámite en febrero de 2025. Las otras diez localidades, gobernadas por el PSOE y con una población conjunta cercana a los 800.000 habitantes, impulsaron el pasado año una proposición de ley para modificar la normativa urbanística y facilitar la aplicación de la regulación estatal. La mayoría de PP y Vox en la Asamblea de Madrid impidió que prosperara. La alcaldesa de Alcorcón, Candela…
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.