Abascal tensa la cuerda y obliga al PP a retratarse con su ofensiva por "traición" contra Sánchez tras Ceuta

Santiago Abascal ha subido la apuesta. El presidente de Vox decide llevar la crisis de Ceuta un paso más allá y activar el mecanismo previsto en el artículo 102 de la Constitución para investigar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al resto de miembros de la coalición por posibles delitos de «traición» y contra la seguridad del Estado. La ofensiva, sin embargo, no apunta únicamente a la Moncloa. Tiene un segundo carril que conduce a la calle de Génova. Los ultras elevan el choque ideológico con el Partido Popular, al que colocan ante el escenario de acompañarles en una iniciativa de enorme trascendencia política o dejar al líder de extrema derecha sólo en su intento de exportar la crisis migratoria al Tribunal Supremo. El problema para Vox, como casi siempre, está en los números. La Constitución establece que una acusación de tal índole sólo puede plantearse por iniciativa de, al menos, una cuarta parte de los diputados. Después, necesitaría el respaldo de la mayoría absoluta del Congreso. Es decir, que en una Cámara de 350 parlamentarios, eso implica aunar 88 escaños sólo para iniciar el trámite y 176 votos favorables para su aprobación. Una fuerza de la que en estos momentos no disponen. En las últimas votaciones del Congreso, el grupo de Abascal ha registrado 33 votos, mientras que el Partido Popular ha alcanzado 137 en iniciativas propias. Incluso contando con el apoyo de los populares, el bloque requeriría de votos adicionales para alcanzar el límite de la absoluta. De ahí que el anuncio de Abascal tenga una lectura que trasciende la mera acusación a Sánchez. Es decir, que el movimiento de la ultraderecha pasa por poner sus diputados «a disposición» de cualquier otra fuerza dispuesta a promover la iniciativa. Por ello, ha apelado al resto de los grupos para que permitan abrir el procedimiento, aunque el destinatario principal del mensaje es el PP. El plan de Vox A última hora de este sábado, Abascal echaba más gasolina al incendio político al dar por probados «indicios y evidencias más que suficientes» que permiten reclamar una investigación. Entre ellos sitúa el supuesto conocimiento previo que, según Vox, tenía el Gobierno sobre lo que ocurriría en Ceuta. Por ahora no es más que una acusación política y no una responsabilidad penal acreditada, habida cuenta de que no existe una resolución judicial que haya determinado que Sánchez o algún miembro del Ejecutivo de coalición haya cometido los delitos que la formación invoca. El artículo 102 de la Ley Fundamental atribuye a la Sala de lo Penal del Alto Tribunal la eventual responsabilidad criminal del presidente y del resto de integrantes del Gobierno. Cuando se trata de traición o delitos contra la seguridad del Estado cometidos en el ejercicio de sus funciones, la propia Constitución introduce el filtro parlamentario reforzado. No obstante, al margen del mecanismo constitucional, Vox reclama la desclasificación de las comunicaciones entre Moncloa y las autoridades marroquíes antes, durante y después de la crisis. También los informes de inteligencia y…