Se acaban de cumplir 18 años desde que se abrió la causa por el mayor caso de corrupción de la historia del Partido Popular. La trama Gürtel sigue abierta desde entonces, tras 12 juicios, 94 condenados, y un impacto político que provocó la primera moción de censura exitosa en España, la que hizo caer el Gobierno de Mariano Rajoy. Más allá de esa responsabilidad, el PP sigue disfrutando de algunos de los frutos de un caso que, 18 años después, aún espera sentencia de su duodécimo y último juicio, la pieza principal. Esta última pieza de la Gürtel quedó vista para sentencia el 12 de noviembre de 2025, hace nueve meses, después de que 20 de los 25 acusados en ella admitieran los hechos atribuidos por la Fiscalía. Entre ellos, están los protagonistas de la trama, entre los que se encuentra el epicentro, el empresario Francisco Correa, que acumula unos 115 años de prisión por nueve condenas. Su apellido, traducido al alemán, da nombre a una macro causa que cambió la política española para siempre, y por la que, además, acabó apartado de la carrera judicial el magistrado que la inició, Baltasar Garzón. La Gürtel, desde el principio: protagonistas y hechos probados Fue él quien, el 6 de agosto de 2008, abrió las primeras diligencias por lo que había denunciado en Fiscalía una de las piezas clave en los inicios de Gürtel: José Luis Peñas. Este exconcejal del PP en el municipio madrileño de Majadahonda aportó unos dos años de conversaciones grabadas con Correa y otros miembros de la trama, por la que él había cobrado unos 260.000 euros en comisiones, según la investigación. Estas grabaciones permitieron reconstruir una organización empresarial encabezada por Correa y sus hombres de confianza, de la que formaban parte además de un sinfín de empresarios y cargos públicos de distintas administraciones, la mayoría en Madrid y la Comunidad Valenciana. Los otros nombres principales son los de Pablo Crespo, exdirigente del PP gallego y que actuaba como número dos y nexo político de la trama; Álvaro Pérez, el Bigotes, encargado de los negocios de la organización en la Comunidad Valenciana; y José Luis Izquierdo, el contable. En esencia, y según las sentencias judiciales ya firmes, la trama entablaba relaciones con responsables del PP a nivel local, autonómico y nacional, para obtener contratos de organización de eventos, publicidad, viajes y otros servicios. Estas adjudicaciones, muchas veces, se amañaban y se concedían con sobrecostes, por lo que los dirigentes recibían pagos ilegales y otras dádivas. Después, las empresas de Correa ocultaban esas ganancias ilícitas mediante facturas falsas, sociedades instrumentales y cuentas bancarias opacas. Correa había tejido una estrecha relación con el aparato nacional del PP y con dirigentes del entorno de José María Aznar. Sus empresas organizaron actos para la formación y el empresario asistió incluso a la boda de Alejandro Agag y Ana Aznar, celebrada en 2002. Esa proximidad facilitó la expansión de sus negocios antes de que la red extendiera su actividad por administraciones madrileñas y…


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