La crisis que vive Isabel Díaz Ayuso por los sucesivos escándalos inmobiliarios de la última semana, abre un nuevo frente judicial. Después de la primera denuncia contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid por la polémica compra del ático de Chamberí, la Fiscalía Provincial de Madrid ha recibido una nueva querella contra Planifica Madrid, la agencia autonómica encargada de la opaca operación. El denunciante, el activista anticorrupción Fernando Jabonero, pide abrir diligencias de investigación penal sobre la compra del ático de lujo por 6,3 millones de euros, y su posterior a la venta cuatro meses después de publicarse la operación, que ocultó durante ese tiempo la entidad, participada por la Administración regional y dependiente de la Consejería de Presidencia. La denuncia plantea que los hechos podrían ser compatibles con los delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental. El escrito, al que ha tenido acceso ElPlural.com, sitúa el foco en la compra del inmueble situado en el paseo General Martínez Campos como «oficina temporal de la Presidencia de la Comunidad de Madrid», explicación que dio el Gobierno de Ayuso cuando se publicó en los medios el pasado miércoles. «Apenas unos meses después de la adquisición se anunció públicamente su venta», continúa, sin que conste que el ático hubiera llegado a cumplir la finalidad invocada. El portavoz de la presidenta, Miguel Ángel García Martín, anunció la puesta en venta del ático 24 horas después de saltar el escándalo, con la supuesta intención de que el dinero que se obtenga de este y otros inmuebles se destine a la reconstrucción tras los incendios en la Sierra Oeste. Esta circunstancia, cree Jabonero, obliga a comprobar «si la necesidad pública existía realmente en el momento de la compra o si la motivación administrativa respondía a otras circunstancias». La denuncia también señala como «imprescindible» conocer «los informes, memorias, estudios de necesidad, valoraciones y demás documentos justificativos» de la compra. También reclama conocer quién adoptó las decisiones esenciales relativas a la adquisición y a la posterior enajenación del inmueble. En concreto, pide comprobar si fueron tomadas de manera autónoma por el Consejo de Administración de Planifica Madrid que, según sus estatutos, debió decidir con dos tercios de los votos a favor este desembolso; o si «obedecieron a instrucciones externas». Para ello, considera esencial examinar las actas del Consejo de Administración y el resto de la documentación interna de la sociedad. Nuevo frente judicial para Ayuso por los áticos El escrito también solicita que se cuantifique el eventual daño a los fondos públicos del escándalo, ya que Planifica Madrid se financia con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid. La «sucesión de compra y venta en un plazo extraordinariamente breve», sostiene, obliga a determinar el coste económico efectivo de la operación, incluyendo el precio abonado, que según lo publicado en medios es de 6,3 millones de euros, las comisiones, los gastos notariales y registrales y cualquier otro desembolso que no pudiera recuperarse. Según la información periodística, se pagaron unos 100.000…
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