La primera denuncia contra el Gobierno de Ayuso por el escándalo del ático en Chamberí llega al Tribunal de Cuentas

El Gobierno de la Comunidad de Madrid terminó la pasada semana sonrojado por el escándalo alrededor del ático de lujo en Chamberí, del que Isabel Díaz Ayuso sigue justificando la compra ante el ruido interno en el Partido Popular. Ahora, la cuestión del inmueble, comprado por la empresa pública Planifica Madrid para que la presidenta regional lo utilizara de oficina y, menos de 24 horas después de conocerse, puesto a la venta ante la magnitud de la polémica; llega a los tribunales. El abogado Francisco Javier Flores Vaquerizo ha presentado el asunto ante el Tribunal de Cuentas para que investigue un posible «menoscabo de caudales públicos» por parte de la agencia autonómica, dependiente de la Consejería de Presidencia que dirige el portavoz de Ayuso, Miguel Ángel García Martín. En su denuncia, a la que ha tenido acceso ElPlural.com, señala que «una sociedad mercantil de titularidad pública adquirió con fondos públicos una vivienda de uso residencial por importe millonario sin que conste ninguno de los documentos que acreditarían que lo hizo para una finalidad pública». El letrado, que ya llevó ante la Justicia el escándalo del Hospital de Torrejón de Ardoz, repasa punto por punto el escándalo. Remarca que Planifica ocultó la compra del inmueble desde el 14 de abril hasta que se publicó en los medios, el pasado miércoles, y que la excusa fueron unas obras en la Real Casa de Correos de las que «no se ha localizado licitación alguna». Denuncian la «operación de ida y vuelta» de Sol «Si las obras invocadas no existían como expediente en el momento de la adquisición, o si su documentación es de fecha posterior al 14 de abril de 2026, la necesidad que justificó la compra no estaba acreditada cuando esta se realizó», razona. Flores también apunta al volantazo del Gobierno de Ayuso, que 24 horas después de conocerse anunció que lo pondría a la venta junto a otros cuatro inmuebles de Planifica. «Tres meses y medio después, sin haber destinado el inmueble a uso alguno, acordó su reventa», señala. «El patrimonio público ha soportado íntegramente los costes irreversibles de una operación de ida y vuelta que no ha reportado utilidad alguna». A su vez, el letrado denuncia haber adquirido como «oficinas susceptibles de uso administrativo» un ático valorado en seis millones de euros que «es, registral y urbanísticamente, una vivienda», ya que no tiene la licencia para el uso que le quería dar la Comunidad de Madrid. «La Administración autonómica habría comprometido un importe millonario en un activo cuyo destino declarado era, ya en el momento de la compra, jurídicamente incierto», señala. Además, pone el foco en que, comprandola a través de Planifica Madrid, empresa regional de comercialización del suelo, el Gobierno madrileño esquivó «la fiscalización previa de la Intervención General autonómica», lo que provocó «que la operación no fuera precedida de valoración técnica previa del inmueble». Lo resume así, recordando que la compra se conoció en la prensa solo porque estaba en el Registro de la Propiedad, y no por…