La ley de nietos escenifica un choque más acuciado entre Gobierno, PP y Vox: "No quieren ciudadanos con derechos"

La Ley de Nietos continúa generando choques en el plano político, especialmente, entre el Gobierno central y los principales partidos de la oposición de derechas. Desde el Partido Popular y Vox han maniobrado en las últimas horas han venido exigiendo que se anule la instrucción del Ministerio de Justicia que permitirá nacionalizaciones a través de esta normativa; mientras, desde Moncloa, han venido reprochando estas posturas. La ministra portavoz y titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha situado el foco en la postura del Partido Popular por haberse sumado a la «carrera ultra» del partido de Santiago Abascal, lo que ha calificado como una estrategia para «recortar derechos y desproteger a los trabajadores». Según ha desgranado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha manifestado que los de Alberto Núñez Feijóo buscan «establecer ciudadanos de primera y de segunda» con políticas migratorias «xenófobas». «Lo que no quieren es a ciudadanos con derechos», ha afeado, al tiempo que ha mostrado, en nombre del Gobierno, su «máximo respeto» a la decisión de la Junta Electoral Central (JEC), que ha exigido motivar en qué provincia se inscribe a los electores nacionalizados según esta ley, además de pedir a la Oficina del Censo que diese instrucciones a los consulados sobre los criterios para elegir los lugares en los que votar. Cabe recordar que la JEC rechazó las medidas cautelares interpuestas por Vox. Saiz ha recordado en este sentido que la ley de nietos logró luz verde «con una mayoría importante del Congreso de los Diputados», reiterando que en Génova llevaban «una medida en este sentido» tiempo atrás y de la que ahora reniegan. La JEC solicitó a la Oficina del Censo Electoral un informe sobre la aplicación de la ley de nietos que rige para la actualización del censo, especialmente sobre el hecho de si se examinan las declaraciones explicativas de los electores que solicitan la inscripción en un municipio distinto del de su última residencia en España. Además, se declaró incompetente para actuar alegando que el procedimiento para la obtención de la nacionalidad por esta vía excede de sus competencias. Sin embargo, cuatro vocales de los trece que componen el organismo arbitral discreparon de esa resolución y, en un voto particular, avisaron de que se había producido un «incremento irregular» del censo electoral porque la instrucción dictada por Justicia para aplicar la normativa abrió la puerta a la nacionalización a más personas de las previstas en la propia Ley de Memoria Democrática que pretendía desarrollar. PP y Vox unen fuerzas en detrimento de la ley de nietos Por un lado, este lunes, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial de Génova, Alma Ezcurra, anunció que su partido solicitó «la nulidad de oficio» de la instrucción, argumentando que la JEC «tiró de las orejas» al Gobierno central al considerar que «infla el censo exterior más allá de lo que dice la ley», en alusión a la Ley de Memoria Democrática vigente y que viene secundado la normativa sobre los descendientes de…