El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso mantiene abierto un nuevo frente con el Ejecutivo central. Esta vez, el escenario es el registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia ante el aborto, cuya tramitación ha quedado en pausa después de que la Comunidad de Madrid iniciara el procedimiento obligada por una resolución judicial. La estrategia del Ejecutivo autonómico pasa por ajustarse estrictamente a lo que exigían las medidas cautelares. El tribunal ordenó iniciar los trámites, pero no estableció una fecha concreta para completar el proceso ni para poner en funcionamiento el registro. Madrid se aferra ahora a ese margen y sostiene que ya ha cumplido con la justicia, por lo que esperará a que exista una sentencia antes de avanzar. Una estrategia que permite al Ejecutivo madrileño ganar tiempo y evitar, por ahora, una decisión políticamente incómoda ante Vox, mientras Ayuso refuerza su papel como principal antagonista de Sánchez y consolida un perfil conservador en materia de aborto que ya ha mostrado con iniciativas como la ley del concebido no nacido. «Hemos dado cumplimiento al auto del tribunal al iniciar el procedimiento y ahora debemos esperar a la sentencia que se dicte en su momento», ha expresado un portavoz del Gobierno autonómico a El País. La posición de la Comunidad ha vuelto a situar a Ayuso frente al Gobierno de Pedro Sánchez en una cuestión especialmente sensible. Mientras el Ejecutivo madrileño defiende que el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo está garantizado en la región, el Ministerio de Sanidad acusa a la Comunidad de retrasar deliberadamente la puesta en marcha del registro. «Hemos hecho lo que se nos ha indicado», ha insistido el portavoz regional, que ha asegurado que en Madrid el derecho a la interrupción del embarazo «es un hecho», con «más de 20.000» abortos en 2025. Sanidad acusa a Madrid de «arrastrar los pies» Desde el Ministerio de Sanidad, dirigido por Mónica García, la lectura es muy diferente. El Gobierno central ha considerado que la Comunidad está aprovechando los tiempos judiciales para retrasar todo lo posible una medida que rechaza políticamente. «La Comunidad de Madrid está arrastrando los pies para cumplir lo más tarde posible lo que la justicia le ha ordenado: que cree el registro de objetores», ha afirmado un portavoz del Ministerio. «Nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer, elevar el caso a los tribunales para que tomaran la decisión pertinente», ha añadido. El Ministerio ha sostenido que, tarde o temprano, la Comunidad tendrá que completar el proceso. «Ayuso, por mucho que se niegue, tendrá que acabar materializando lo que está intentando alargar: crear el registro de objetores y garantizar la interrupción voluntaria del embarazo en la Comunidad de Madrid». El conflicto se remonta al acuerdo alcanzado el 16 de diciembre de 2024 en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Entonces se aprobó por unanimidad un protocolo de coordinación para implantar el registro en todas las administraciones sanitarias. Casi un año después, el Ministerio de Sanidad requirió a Aragón, Baleares y Madrid que…
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