En los últimos días, desde las filas del Partido Popular (PP) han puesto sobre la mesa la conocida como ‘ley de Nietos’, recogida en la Ley de Memoria Democrática, para lanzar un nuevo torrente de acusaciones contra el Gobierno central de Pedro Sánchez a quien señalan por, a su juicio, querer hinchar el número de votantes de cara a las próximas elecciones generales previstas para 2027. Sin embargo, desde el Ejecutivo son ya varias voces las que tratan de tumbar el relato adoptado por los populares reflejando con datos y evidencias la realidad detrás de la ‘ley de Nietos’. Uno de ellos ha sido el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, quien, a través de un mensaje compartido en redes, explica de dónde viene esta norma, y con datos, echa por tierra y retrata los reproches lanzados desde el PP. Así, tras recordar que esta es una disposición que se encuentra integrada en la Ley de Memoria Democrática y que permite a hijos y nietos de españoles de origen optar a la nacionalidad española, Puente pone de relieve que «en cuatro años han logrado la nacionalidad 500.000 personas, aunque sólo 316.000 están inscritos, por lo tanto, solo 316.000 tendrían derecho a voto». En esta misma línea, el titular de Transportes continúa desgranando que «de los 2.500.000 de españoles que hay en el exterior con derecho a voto sólo vota alrededor de un 8% (datos de las elecciones generales de 2023)» y que en 2023, el voto CERA lo ganó el PP. «De hecho, Ayuso es la única que ha logrado un diputado más por el voto Cera», subraya el ministro. Al hilo de ello, en aras de tumbar el argumentario de los populares, Puente pone de relieve que en las últimas elecciones andaluzas y extremeñas, el voto Cera no alteró el resultado. «Pongamos que hasta el cierre del censo electoral, por la ley de memoria democrática llegarán al registro 600.000 españoles más. Siguiendo la proyección de voto, de esos votarían como mucho 60.000 personas. ¿Todos van a votar al psoe? De verdad?», lanza el ministro en este mensaje. A renglón seguido, Puente rechaza las acusaciones de los populares y afirma que «pensar que desde el gobierno se maneja a cada ciudadano en cada lugar en el que se encuentra para que se apunten en una u otra provincia para alterar los resultados electorales es ciencia ficción y materialmente imposible». Para concluir con todo ello, el ministro recuerda que en 2022 se aprobó una instrucción «con criterios interpretativos» de esa disposición de la ley de memoria democrática. «Esa instrucción la recurrió en el contencioso una asociación franquista. Los tribunales no admitieron la legitimación para recurrir», añade. «En el año 2024 esa misma asociación se querelló por prevaricación. El juzgado de instrucción de Madrid 34 sobreseyó libremente esa querella y la Audiencia Provincial de Madrid confirmó en apelación el sobreseimiento. Fin de la historia», zanja Puente en este mensaje compartido en redes. ¿Qué es la denominada Ley de Nietos? Es…


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