Un juez imputa a la jefa de geriatría del Gregorio Marañón por los protocolos de las residencias de Ayuso

Un juzgado de la localidad de Arganda del Rey ha citado a declarar como imputada este martes a la jefa del servicio de geriatría del hospital Gregorio Marañón después de ser señalada como la supuesta autora de los protocolos de no derivación aplicados en las residencias de Madrid durante la pandemia. Fue Carlos Mur, entonces alto cargo sanitario de Isabel Díaz Ayuso, quien afirmó ante la jueza que él se limitó a firmar los conocidos como ‘protolos de la vergüenza‘ pero que habían sido “presentados inicialmente” por esta geriatra.

Este juzgado de la localidad madrileña de Arganda del Rey es uno de los múltiples juzgados de la Comunidad de Madrid que investigan las muertes concretas de ancianos en residencias durante la pandemia por la aplicación de los protocolos que, según denuncian las víctimas y familiares de fallecidos, impidieron la derivación a hospitales de ancianos que habían enfermado en residencias. Altos cargos como Carlos Mur comparecieron como testigos en varias causas pero varios juzgados han reabierto estas causas y han sido citados como imputados.

Mur, que entonces era director de Coordinación Sociosanitaria de Isabel Díaz Ayuso, ha señalado a varias personas en sus últimas declaraciones y la última fue esta geriatra, responsable del servicio en el hospital Gregorio Marañón. “Yo firmé el protocolo como aval técnico y validación para dar apoyo a los profesionales (…) era un protocolo que había sido presentado inicialmente por una geriatra experta”, dijo en una de sus comparecencias.

Ahora el juzgado de Arganda ha decidido tomar declaración a esta facultativa en calidad de investigada este martes. Se suma a la lista de imputados junto con Carlos Mur, Francisco Javier Martínez Peromingo y Pablo Busca. Los dos primeros responsables de coordinación sociosanitaria y el último responsable del servicio de urgencias médicas SUMMA 112. Antonio Burgueño, asesor de Ayuso en ese momento, también está imputado en una de la causas abiertas.

Desde Marea de Residencias, que impulsa varios de estos procedimientos en representación de familiares de ancianos fallecidos, anuncian que han ampliado sus acusaciones al delito de prevaricación en hasta 60 juzgados de toda la región, añadido a la denegación discriminatoria de la prestación sanitaria que ya investigaban diversos jueces.