El 'caso mascarillas' del PP de Almería estrecha el cerco mientras Moreno Bonilla sigue sin pronunciarse

El denominado ‘caso mascarillas’ de la Diputación de Almería continúa avanzando en los juzgados y se ha convertido en uno de los mayores frentes judiciales para el Partido Popular andaluz. La investigación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería con el apoyo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, trata de esclarecer una presunta trama de adjudicaciones irregulares de contratos públicos para la compra de material sanitario durante la pandemia de la COVID-19 que habría derivado en el cobro de comisiones ilegales cercanas al millón de euros. Mientras las diligencias siguen ampliándose y aparecen nuevos indicios en los autos judiciales, el presidente de la Junta y del PP andaluz, Moreno Bonilla, mantiene un perfil bajo respecto a un caso que afecta de lleno a destacados dirigentes de su partido en una de sus principales plazas electorales. Igualmente, el silencio del líder popular contrasta con la dimensión política que ha adquirido una investigación que ya provocó la dimisión del entonces presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, así como de otros responsables del PP provincial, después de ser investigados por su presunta implicación en la trama. Contratos inflados y un supuesto reparto de comisiones La causa judicial se centra inicialmente en la adquisición de mascarillas, guantes y equipos de protección durante los meses más duros de la pandemia. Según la investigación, la Diputación habría adquirido material sanitario por unos dos millones de euros a través de la empresa Azor Corporate Ibérica, una operación sobre la que los investigadores sostienen que se habrían abonado comisiones ilícitas que podrían rondar el millón de euros. El juez sitúa al expresidente de la Diputación, Javier Aureliano García, como uno de los principales investigados y aprecia «indicios racionales» de criminalidad. Junto a él aparecen el exvicepresidente tercero Óscar Liria, el exvicepresidente segundo Fernando Giménez, empresarios y otros responsables vinculados a las adjudicaciones, además de familiares de algunos de los cargos públicos investigados. Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de la investigación son las conversaciones intervenidas por la UCO. En ellas, los investigados supuestamente utilizaban expresiones en clave para referirse al reparto de comisiones. Hablar de «ir al dentista» o de hacerse «una limpieza» era, según los investigadores, una forma de aludir al cobro de las presuntas mordidas, mientras que las comisiones se identificarían mediante «tallas», en referencia al porcentaje que correspondía a cada uno. Entre los mensajes incorporados al procedimiento figura incluso uno en el que uno de los implicados celebraba la operación asegurando que había sido un «pepinazo» porque «ahora hemos hecho una operación de dos millones y se han quedado 400 ellos y 400 yo». Registros, nuevas diligencias y una investigación abierta La investigación no se limita a los contratos de material sanitario. El magistrado ha abierto además una pieza separada para investigar al expresidente de la Diputación y a quien fuera su jefa de gabinete por un presunto delito de malversación y prevaricación relacionado con un desplazamiento oficial cuyo destino real…