El Gobierno de la Comunidad de Madrid, liderado por Isabel Díaz Ayuso, impone multas de hasta 13.000 euros a pequeños comercios de zonas de Galicia como Vilanova de Arousa, Viveiro, Cambados y Foz, localidades que se ubican en Pontevedra y Lugo. La región capital está notificando castigos al menos a media docena de pequeños establecimientos como tiendas de ropa infantil de estos municipios por incumplir supuestamente la normativa de venta online. Los comerciantes ven excesiva esta medida de la Autonomía madrileña y lamentan que en algunos casos puede incluso conducirles el cierre. Reprochan tanto el fondo como las formas. Por un lado, que algunos de los damnificados ni siquiera han vendido un solo producto por internet. Por otro, que no ha existido aviso previo, sino que se ha notificado directamente la sanción. Las intenciones de la administración de la Puerta del Sol pasan, por ejemplo, por cobrar más de 10.000 euros a una de las comerciantes por poner en la política legal de su web que los clientes podrán interponer denuncia en cualquier juzgado «de Foz» en vez de «de España», que sería lo correcto. A otras dos propietarias, las multas les llega por no reflejar en su página web la composición textil de las prendas de ropa que tienen a la venta. Las fuentes que hablan con El País, periódico que ha publicado la información, lamentan que las acciones del Ejecutivo madrileño se corresponden con un «afán recaudatorio» y afean que no les hayan advertido previamente de los defectos que podrían tener sus espacios de internet para corregirlos de ser necesario y que todo hubiese quedado en eso. Entre reproches de que siempre van a por los mismos, la Consejería de Economía y Hacienda se defiende de las acusaciones asumiendo su «obligación» de actuar cuando los inspectores detectan que se está incumpliendo la normativa estatal y de Europa por la que se rigen todos los comercios que venden en línea. La administración Sol sostiene que la vigilancia se lleva a cabo en el marco del Plan Sectorial de Control de Productos Textiles que coordina el Ministerio de Consumo y que la cuantía de las multas es el que establece la legislación española. Entre los defectos detectados por Madrid, se encuentran cuestiones relativas al etiquetado de los productos que se venden por las webs, limitaciones a la hora de reclamar contra la empresa que vende el producto en cuestión o vinculadas con la garantía de los bienes que se venden. Los afectados lo consideran desproporcionado Las asociaciones gallegas de comerciantes y empresarios afectados por esta decisión se reunieron a principios de semana en Santiago de Compostela con responsables de la Dirección Xeral de Comercio e Consumo de la Xunta de Galicia para intentar encontrar una solución a una decisión que consideran desmesurada. Antes de esa reunión, la Federación Galega de Comercio había pedido al Gobierno de Alfonso Rueda vía comunicado que mediase ante el Ejecutivo de su homóloga en Madrid para hablar y resolver el problema. Finalmente, los responsables de…
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