La investigación judicial en torno a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha experimentado un vuelco tras desvelarse el auto del magistrado Antonio Viejo. El juez ha autorizado finalmente a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil a rastrear de forma reservada los movimientos y saldos bancarios del empresario en 16 entidades financieras, en un barrido temporal que se extiende desde el 1 de enero de 2014 hasta la actualidad.La medida, que llega con medio año de retraso respecto a la solicitud policial, indaga si la compra por medio millón de euros de una sociedad sin actividad escondía una comisión encubierta vinculada a sus negocios con el grupo Quirón. El objetivo del juzgado es reconstruir el catálogo de bienes del investigado para comprobar si existió un incremento patrimonial desmedido, un escenario del que el entorno de la presidenta madrileña se ha desmarcado asegurando que no compete a la Comunidad, mientras la oposición socialista exige cuentas ante una facturación que se habría multiplicado desde el inicio del noviazgo. Este complejo trasfondo judicial saltó de inmediato a la televisión nacional, donde se convirtió en el eje del debate en el plató de La Hora de la 1. La presentadora, SIlvia Intxaurrondo, arrancó su intervención hablando sobre los tiempos de la investigación: «Vamos con lo judicial para que no nos bailen los plazos». Acto seguido, la periodista relató cómo la jueza original que instruía la causa solicitó formalmente «hace un año que el caso lo lleve la UCO, que investigue la UCO», jubilándose apenas dos meses después. En ese momento el magistrado Antonio Viejo asumió las riendas del proceso, recibiendo la petición directa de la Guardia Civil en diciembre. Intxaurrondo desarmó cualquier posible justificación sobre la parálisis del juzgado al aclarar que «el magistrado no es que tuviese que ponerse un poquitito al día del caso, el magistrado ya había asumido ese caso meses antes», concluyendo que, a pesar de tenerlo todo sobre su mesa, «el juez, él mismo, el señor Antonio Viejo, tarda seis meses en autorizar». Intxaurrondo interrumpió el repaso de las fechas para lanzar una advertencia muy directa a los espectadores. La presentadora subrayó que a los investigadores no solo les interesa el dinero directo del investigado, sino que buscan determinar si hubo un crecimiento patrimonial irregular que salpique a terceras personas: «A la UCO no solo le interesa saber qué pasó con ese dinero, sino que quiere ver si hubo enriquecimiento, quédense con esta expresió, de González Amador… o de su entorno», dejando paso a una expresividad delatora en la que Intxaurrondo esbozó una sonrisa cargada de indisimulable ironía y de forma muy cómplice con la cámara. Esta última palabra provocó la reacción inmediata del colaborador Federico Quevedo, quien se apresuró a matizar que el término aludía exclusivamente al entorno económico y a las empresas. Ante esta réplica, Intxaurrondo respondió con un un sutil «Él dice de su entorno», dejando que el espectador sacara sus propias conclusiones. Lejos de…
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