Feijóo sigue apretando en su agenda ultra con una gran ofensiva contra la regularización

Alberto Núñez Feijóo ha decidido pisar a fondo el acelerador en su viraje hacia los postulados más duros de la derecha europea. La dirección nacional del Partido Popular ha lanzado una agresiva ofensiva parlamentaria en el Congreso de los Diputados contra el proceso de regularización iniciado por el Gobierno, consolidando una estrategia que la consultoría política define como un acting explícito e impostado. Al intentar competir en el terreno de la retórica ultra con Vox, el líder de la oposición se aleja definitivamente de su antiguo perfil institucional y de gestión para abrazar una agenda basada en el señalamiento, la sospecha sistemática y la criminalización de la población migrante. Bajo la batuta de Ester Muñoz en el Grupo Parlamentario Popular, la formación ha registrado una Proposición no de Ley (PNL), una petición de comparecencia ministerial urgente y una batería asfixiante de 22 preguntas escritas. Lejos de proponer soluciones constructivas o de gestión para la inclusión, el documento despliega un arsenal argumentativo destinado a sembrar la desconfianza pública en torno a los nuevos ciudadanos y a azuzar el miedo al colapso del Estado del bienestar. La fiscalización del prejuicio: una batería de preguntas bajo sospecha La ofensiva del PP se ensaña especialmente con el impacto burocrático y social del proceso de regularización en marcha desde la pasada primavera. A través de su cuestionario de 22 puntos, la formación vincula de manera directa y tendenciosa la presencia de personas extranjeras con la degradación de los servicios públicos, inquiriendo de forma reiterada sobre la saturación en vivienda pública, servicios sociales y escolarización. Sin embargo, el cariz más punitivo y estigmatizante de la estrategia popular se hace evidente en su insistencia por asociar migración con delincuencia. En su bloque de preguntas, el PP exige detalles explícitos sobre el número de solicitudes rechazadas a personas con antecedentes penales o policiales, reclamando el desglose de cuántas de ellas siguen en trámite o han sido admitidas; el registro de denuncias por falsedad documental, empadronamientos fraudulentos o certificados falsos; y la procedencia por nacionalidades de los demandantes y su distribución en zonas urbanas específicas, bajo el pretexto de controlar la «concentración de población inmigrante». Esta fiscalización no responde a criterios éticos ni deontológicos de control al Ejecutivo, sino a una voluntad deliberada de proyectar una sombra de duda e ilegalidad sobre un colectivo vulnerable que busca regularizar su situación laboral y residencial. Exigencia de retornos y blindaje de fronteras En paralelo a la fiscalización penal, la PNL registrada por los populares exige la comparecencia en el Congreso del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. El PP acusa al Gobierno de «improvisación» y «opacidad», demandando un control inmediato de la seguridad nacional y del sistema de protección internacional. La iniciativa del PP insta al Ejecutivo a alinearse con las políticas europeas de expulsión mediante el voto a favor del Reglamento de Retornos alcanzado entre el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE. Con ello, Feijóo busca blindar…