Las víctimas de residencias se revuelven contra el acuerdo marco de plazas concertadas de Ayuso: "Desahucio institucional"

Las víctimas de residencias de mayores, cuyos familiares fallecieron durante la pandemia del Covid debido a los bautizados como protocolos de la vergüenza, alzan la voz contra el acuerdo marco de centros de mayores que entra en vigor el próximo 1 de julio. Marea de Residencias alertaba esta semana de la «trampa» que supone el plan, dado que podría provocar el traslado de cientos de personas mayores dependientes y obligar a las familias a asumir costes adicionales para evitar el cambio de centro. En un comunicado difundido a los medios, la organización -histórica en la lucha de la gestión del gobierno de Isabel Díaz Ayuso junto a ‘7.291, Verdad y Justicia’- calificaba el acuerdo de «desahucio institucional»; un concepto que tiene que ver con lo que, aseguran, ocurre cada vez que se renuevan los contratos de concertación de plazas de residencias. «Negocio redondo» ElPlural ha hablado también con la otra asociación para conocer su opinión. Su portavoz, María Jesús Valero, su portavoz, señala que «llevan más de un año alertando sobre este proyecto», el cual consideran un «nuevo engaño a la ciudadanía, ya que la experiencia demuestra que lo público-privado acaba derivando en una gestión esencialmente privada». «Hasta la fecha, varias parcelas de suelo público ya han sido destinadas a este proyecto en distintos distritos y municipios de la Comunidad de Madrid, entre ellos Carabanchel, Orcasitas, Villaverde y Aravaca», expone, calificando como «incomprensible que la capital de España cuente con un número tan pequeño de residencias de gestión pública directa, mientras la mayor parte del sector continúan en manos privadas o de gestión indirecta». «Esta situación convierte una necesidad social básica en un negocio que se alimenta de las largas listas de espera existentes y de la creciente demanda futura de plazas residenciales». Asimismo, emite datos para respaldar que el acuerdo actual no respeta el espíritu del Acuerdo de Acreditación estatal, que «recomienda centros más pequeños y de carácter convivencial». «Frente a las entre 100 y 120 plazas previstas como referencia, la Conunidad de Madrid pretende autorizar centros de hasta 150 plazas, perpetuando el modelo macroresidencias cuyas consecuencias quedaron dramáticamente expuestas». La asociación también denuncia la cesión de suelo público durante 75 años, prorrogables, a empresas privadas que «además podrían beneficiarse de procedimientos de construcción acelerados». Según las cifras que manejan, el proyecto movilizará alrededor de 2.400 millones de euros como beneficio total de la concesión y generará importantes beneficios económicos para las empresas adjudicatarias. «Negocio redondo»; define. «Cheque residencia» La crítica se sustenta principalmente en que, de nuevo, saldría ganando el sector privado. En este sentido, detallan que algunas firmas habrían escogido desvincularse del acuerdo al considerar que las condiciones económicas que ofrece la Comunidad de Madrid no son suficientes. El escenario que en última instancia afecta a los familiares; la solución que, a su juicio, les deja la administración, es «trágico», y pasa por «aceptar un traslado forzoso a un centro lejano y desconocido o renunciar a la plaza pública a cambio del ‘cheque residencia». ¿Y qué es…