Las auditorías de la Comunidad de Madrid sitúan el foco en el núcleo duro de Ayuso por las adjudicaciones de la FP

Las auditorías encargadas por la propia Comunidad de Madrid han reforzado las sospechas sobre la gestión de varios proyectos de Formación Profesional ejecutados durante los primeros gobiernos de Isabel Díaz Ayuso. Los informes internos concluyen que las irregularidades detectadas en la construcción y reforma de centros educativos no habrían sido actuaciones aisladas ni decisiones adoptadas únicamente por funcionarios de rango intermedio, sino que apuntan a responsabilidades situadas en los niveles superiores de la Consejería de Educación. La investigación gira en torno a un sistema mediante el cual se destinaron millones de euros a obras y equipamientos educativos utilizando fórmulas que, según los inspectores y la Fiscalía, permitieron eludir los procedimientos ordinarios de contratación pública. Las pesquisas analizan la construcción y adecuación de al menos una decena de centros entre 2021 y 2023 mediante contratos fragmentados y adjudicaciones directas que evitaron la convocatoria de concursos públicos. Dinero enviado desde la Consejería para obras fuera del procedimiento habitual Los documentos examinados por los auditores reflejan que distintos institutos recibieron cuantías elevadas bajo el concepto genérico de «gastos de funcionamiento». Sin embargo, los inspectores detectaron que esos importes coincidían posteriormente con pagos destinados a obras concretas ejecutadas en los centros. Según las auditorías, la documentación remitida por la Consejería no detallaba con precisión el destino de los fondos, lo que incrementaba la opacidad del procedimiento. En varios casos, los informes sostienen que los centros educativos carecían de competencias para autorizar actuaciones de esa envergadura y que únicamente actuaban como receptores y gestores de fondos previamente asignados desde instancias superiores. Los inspectores destacan que decisiones relacionadas con inversiones millonarias debían necesariamente haber pasado por órganos de dirección de la Administración autonómica. Ossorio y Rocío Albert, bajo la sombra de las auditorías El caso afecta directamente a la etapa en la que la Consejería de Educación estaba dirigida por Enrique Ossorio, actual presidente de la Asamblea de Madrid, y en la que Rocío Albert ocupaba responsabilidades de primer nivel antes de convertirse en consejera de Economía y Hacienda. Ambos forman parte del núcleo político más próximo a Ayuso dentro del Ejecutivo autonómico. Las auditorías no atribuyen responsabilidades penales, pero sí describen un funcionamiento administrativo que, según los investigadores, resulta difícil de explicar sin conocimiento de los órganos superiores de la Consejería. Los informes apuntan a que las cantidades movilizadas y la naturaleza de las obras exigían la tramitación de expedientes específicos que, en numerosos casos, no llegaron a existir. Uno de los ejemplos más significativos corresponde a la construcción de un centro sanitario de FP en Ciudad Escolar, una actuación valorada en alrededor de 2,5 millones de euros. Los inspectores consideran que una operación de semejante magnitud requería procedimientos de contratación pública y autorizaciones de alto nivel dentro de la Administración madrileña. La Fiscalía aprecia una omisión reiterada de los procedimientos La causa judicial se abrió después de que una investigación interna impulsada por la propia Consejería detectara indicios suficientemente graves como para remitir el expediente al Ministerio Fiscal. A partir de ahí, la Fiscalía…