El Gobierno de Emiliano García-Page ha salido en defensa de la ley de eutanasia después de que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, haya abierto la puerta a derogarla total o parcialmente si consigue llegar a La Moncloa tras las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Una posibilidad que ha generado un nuevo enfrentamiento político en plena campaña electoral y ante la que Castilla-La Mancha ha querido dejar clara su posición: «Ha venido para quedarse».
La respuesta ha llegado este jueves de la mano del consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, quien ha defendido que la legislación que regula el derecho a recibir ayuda para morir ha supuesto «un avance muy importante» en la atención a las personas que atraviesan los últimos momentos de su vida.
En declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en las III Jornadas de Atención Primaria de Castilla-La Mancha, Fernández Sanz ha considerado que no es el momento de reabrir el debate sobre una legislación que lleva más de cinco años en vigor.
«Creo que fue muy bien estudiada por parte de los técnicos y por parte, en su caso, de los políticos», ha señalado el responsable regional de Sanidad.
Además, ha reconocido que las declaraciones del líder del PP tendrán repercusión durante los próximos días, aunque ha insistido en que la norma «ha venido para quedarse y si hay mejoras, debería ser por el acuerdo y por el consenso de todos los grupos».
Feijóo abre la puerta a eliminar un derecho reconocido desde 2021
Las palabras del consejero castellanomanchego llegan después de que Feijóo sorprendiera al plantear abiertamente la posibilidad de acabar con la actual regulación de la eutanasia.
Lo hizo durante una entrevista en el pódcast ‘El sentido de la birra’, en la que fue preguntado por las posibles cesiones que estaría dispuesto a realizar ante Vox para alcanzar la Presidencia del Gobierno.
El dirigente popular reconoció que su formación no comparte la legislación vigente y confirmó su voluntad de modificarla. Preguntado expresamente por la posibilidad de que esa modificación supusiera su derogación total o parcial, respondió: «Por supuesto».
Feijóo justificó su posición defendiendo la necesidad de reforzar los cuidados paliativos y garantizar una atención adecuada a los enfermos.
Sin embargo, su planteamiento presenta una cuestión importante: la legislación actual ya contempla la obligación de informar a las personas solicitantes sobre las alternativas terapéuticas disponibles, incluidos los cuidados paliativos, antes de autorizar cualquier prestación de ayuda para morir.
Más de 1.600 personas han recibido la prestación desde 2021
La controversia abierta por Feijóo coincide, además, con la publicación de los últimos datos oficiales del Ministerio de Sanidad sobre la aplicación de esta legislación.
Según el informe correspondiente a 2025, presentado este miércoles, 574 personas recibieron la prestación de ayuda para morir durante el pasado año en España, lo que supone un incremento del 35,7% respecto a las 423 registradas en 2024.
En total, desde la entrada en vigor de la ley en junio de 2021 hasta el cierre de 2025, se han realizado 1.698 prestaciones de ayuda para morir en el conjunto del país.
El mismo informe refleja que durante 2025 se registraron 1.284 nuevas solicitudes, un 30,6% más que el año anterior, cuando se contabilizaron 983.
Unos datos que ponen cifras a la aplicación de una legislación cuyo futuro vuelve a situarse en el debate político a apenas diez días de que los españoles acudan a las urnas.


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