Alberto Núñez Feijóo ha exigido a las organizaciones sindicales la desconvocatoria inmediata de la huelga general del 11N, pretendiendo imponer su criterio sobre la agenda del diálogo social e intervenir en la autonomía de los trabajadores y trabajadoras incluso antes de llegar al Palacio de la Moncloa. Sin embargo, esta sobreactuación autoritaria del líder del PP contra los representantes laborales desvela las verdaderas intenciones de su partido: si esto es lo que hace ahora que ni siquiera gobierna, el horizonte que se abre para la clase trabajadora ante un hipotético mandato de la derecha y la extrema derecha es sencillamente para echarse a temblar.
La estrategia de la sede de Génova está muy clara. El único objetivo que persigue Feijóo es hablar únicamente de gestión ferroviaria de aquí al día de las elecciones, para evitar la discusión sobre su proyecto de país para los próximos años. Un proyecto que ocultan deliberadamente, del que sabemos muy poco y cuyo contenido conocido es frontalmente contrario a los intereses de la mayoría de los españoles y españolas: recortes en el sistema público de pensiones, congelación del salario mínimo, asfixia a la educación pública y a las universidades, degradación de la sanidad, tijeretazos en las partidas para becas y dependencia, y el rechazo absoluto a considerar la vivienda como un derecho fundamental.
Nadie discute que en este país deban exigirse al Gobierno de la nación las explicaciones necesarias en materia de infraestructuras y gestión ferroviaria, e incluso asumir las responsabilidades políticas que correspondan. Sin embargo, pretender clausurar un paro general convocado por razones tan acuciantes para la mayoría social —como la crisis de la vivienda, los recortes en el Estado del bienestar o el modelo fiscal que perdona impuestos solo a los más ricos— representa una trampa intolerable. La contundencia con la que Feijóo intenta tutelar y desmovilizar la protesta social busca anestesiar a la ciudadanía e imponer una amnesia sobre las verdaderas urgencias de la calle.
La pretensión del líder de la oposición de arrogarse el poder de neutralizar la protesta social evidencia una concepción profundamente antidemocrática del rol de los agentes sociales. Feijóo concibe la representación laboral no como un contrapeso fundamental del Estado del bienestar, sino como un elemento subordinado que debe plegarse al calendario político y a la estrategia de acoso del PP. Un aviso a navegantes que anticipa el trato que recibirían los colectivos de trabajadores si la derecha volviera a tomar las riendas del poder ejecutivo.
El intento de injerencia en la convocatoria de una huelga general constituye una anomalía democrática que las centrales sindicales han tenido que frenar en seco, recordando con firmeza que el ejercicio del derecho constitucional a la huelga no se supedita a la conveniencia electoral de Génova. Las causas estructurales que impulsan este paro no han desaparecido por un requerimiento de la oposición: la emergencia en el acceso a una vivienda digna, la urgencia de recuperar el poder adquisitivo frente al encarecimiento del coste de la vida y la necesidad de un reparto justo de los beneficios empresariales en la negociación colectiva siguen siendo las preocupaciones reales y cotidianas en los centros de trabajo de todo el país.
La pretensión del líder del PP de silenciar los motivos de la movilización social resulta todavía más grave cuando se analiza la alternativa que ofrece de la mano de sus socios de la extrema derecha. Las soluciones a la precariedad salarial, al deterioro de los servicios básicos o al drama del acceso a la vivienda jamás vendrán de un futuro gobierno compartido entre el PP y Vox. El modelo de esa alianza pasa justo por el extremo opuesto: bloquear cualquier legislación que proteja la vivienda como un derecho para blindar los intereses del rentismo y la especulación inmobiliaria, al tiempo que torpedean los incrementos salariales y erosionan la representación de los trabajadores.
Tampoco cuadran los números ni las promesas del proyecto económico que diseñan desde Génova. El plan fiscal que propugna el Partido Popular contempla rebajas masivas de tributos concentradas en las rentas más altas, los patrimonios elevados y las grandes fortunas. El coste de estos beneficios fiscales para los más privilegiados se cifra en unos 85.000 millones de euros. Si el Estado deja de ingresar semejante volumen de recursos para beneficiar a las élites económicas, ¿de dónde piensa sacar Feijóo los fondos para financiar todo lo que ahora promete ante los micrófonos? Los privilegios fiscales de los millonarios, que la derecha siempre ha defendido con uñas y dientes, se traducen en recortes del presupuesto destinado a la sanidad, la educación y el bienestar de la clase trabajadora.
Hay un capítulo entero de la realidad social y económica al que a Feijóo le aterra encarar porque cuestiona el relato conservador sobre la gestión: el empleo y el crecimiento. Cuando gobernó el Partido Popular en España, el desempleo se disparó a cotas dramáticas, destruyendo a su paso el tejido social y económico del país. Hoy, bajo un marco laboral distinto, España registra cifras récord de ocupación, con más mujeres trabajando que nunca y un salto cualitativo hacia la estabilidad laboral gracias a los contratos indefinidos. Que nuestro país lidere el crecimiento económico entre las grandes potencias occidentales es una realidad objetiva que la ciudadanía comprueba a diario, pero que la dirección del PP elude sistemáticamente porque desbarata su estrategia catastrofista.
Tampoco conviene a la estrategia de la derecha que la sociedad ponga la lupa sobre el resto de su agenda: la pérdida progresiva de poder adquisitivo de los pensionistas, el freno o retroceso en las subidas del Salario Mínimo Interprofesional, la reducción de becas y ayudas y la asfixia de la Ley de Dependencia, un pilar esencial que el PP ya intentó desmantelar en el pasado cuando tuvo oportunidad de gobernar.
El último accidente ferroviario es un suceso muy duro y doloroso. Pero, señor Feijóo, usted ni puede ni debe dar lecciones sobre esta materia, porque su lamentable gestión en el pasado le antecede. Su cinismo no conoce límites cuando pretende erigirse en juez de la gestión de las infraestructuras públicas. ¿Cómo puede afirmar que va a aumentar las inversiones en los trenes si, cuando el PP gobernó este país durante ocho años, aplicó recortes brutales al sistema ferroviario? ¿Cómo asegura que destinará el dinero que sea necesario a las redes de transporte si al mismo tiempo planea vaciar las arcas públicas en 85.000 millones de euros para perdonar impuestos a los más ricos? Y, por favor, deje de hablar impostadamente de transparencia: ¿o es que ya no recuerda cómo su partido bloqueó sistemáticamente las comisiones de investigación parlamentarias sobre tragedias como el accidente del Alvia en Angrois?
Exigir cuentas públicas, explicaciones claras e infraestructuras de calidad al Ejecutivo central es un ejercicio legítimo, necesario y plenamente democrático. Pero utilizar un escenario de dolor y preocupación como cortina de humo para abortar una huelga general legítima y ocultar el modelo antisocial que proyecta un pacto con la extrema derecha es una jugada que la sociedad civil española no puede permitir. Si Feijóo ya ordena desde la oposición lo que deben hacer los representantes de los trabajadores, deja al descubierto su proyecto conservador: un autoritarismo dirigido contra las mayorías sociales y orientado a imponer la vuelta a las políticas de recorte y pérdida de derechos.
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