Ayuso y Almeida abren el grifo público a Woody Allen mientras el cine español pelea por las ayudas

La prestigiosa cineasta catalana ha criticado que las administraciones financien con fondos públicos la película del director estadounidense, mientras reclama mayor atención a las dificultades de la industria cinematográfica y a las condiciones de los profesionales del sector. La controversia tiene una dimensión económica concreta. La Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, aportará 1,5 millones de euros, mientras que el Ayuntamiento de Madrid, encabezado por José Luis Martínez-Almeida, contribuirá con otros 1,5 millones. En total, son 3 millones de euros de financiación pública de las dos instituciones madrileñas regidas por el Partido Popular para una producción cuyo presupuesto se estima en 12 millones. Esta decisión del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y del Ayuntamiento de Madrid, presidido por José Luis Martínez-Almeida, de destinar tres millones de euros de dinero público a la nueva película de Allen ha sido criticada duramente por Isabel Coixet en una entrevista publicada hoy lunes en El País. La destacada cineasta ha cuestionado abiertamente la elevada aportación institucional al proyecto del cineasta estadounidense. «Woody Allen se está llevando una pasta de nuestros impuestos», ha afirmado Coixet, que considera necesario prestar mayor atención a las dificultades que atraviesa buena parte de la industria audiovisual y a las condiciones en las que trabajan numerosos profesionales del sector. La crítica pone el foco en una decisión que contrasta con las dificultades que encuentran las producciones independientes para acceder a financiación pública. La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital aportarán 1,5 millones de euros cada uno, hasta alcanzar los tres millones, para una película cuyo presupuesto está estimado en unos 12 millones de euros. Tres millones para Woody Allen y dificultades para el cine independiente La dimensión de la aportación resulta especialmente significativa si se compara con las ayudas ordinarias destinadas al sector. Se da la circunstancia de que los tres millones de euros comprometidos por ambas administraciones igualan la dotación de la convocatoria general de ayudas de la Comunidad de Madrid para la producción de largometrajes, en la que la subvención máxima por película de ficción se sitúa en 250.000 euros. Las administraciones gobernadas por el PP justifican esta inversión como una operación de promoción turística y cinematográfica de Madrid, además de por el impacto económico que esperan generar. Entre las condiciones del patrocinio figuran que la ciudad aparezca en el título de la película y que al menos un 15% de las escenas se rueden en exteriores reconocibles de la capital. También argumentan que el rodaje permitirá crear más de 1.100 puestos de trabajo directos y otros 2.200 indirectos. Sin embargo, estas previsiones no han evitado las críticas sobre la conveniencia de destinar una cantidad tan elevada de recursos públicos a una producción comercial concreta mientras el cine independiente y otros proyectos audiovisuales reclaman mayores oportunidades de financiación. La operación también ha recuperado una vieja contradicción política. Durante años, dirigentes del Partido Popular cuestionaron las subvenciones públicas al cine español, especialmente cuando estas ayudas procedían de gobiernos socialistas. Incluso la anterior financiación pública…