La crisis habitacional está experimentando un nuevo nivel de tensión en las últimas semanas. En un contexto marcado por el alza de los precios (tanto alquiler como de compra), la proliferación sin freno de apartamentos y pisos turísticos y la reducción de la oferta, el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años en el barrio de El Retiro en Madrid, ha generado una intensa oleada de indignación que se manifiesta en la Puerta del Sol de Madrid con varias noches consecutivas acampando en forma de protesta. La acción, liderada por el Sindicato de Inquilinas, pretende forzar al Ejecutivo de Sánchez a aprobar un decreto ley de Vivienda que ofrezca protección a los inquilinos y ponga freno a la dinámica especulativa que impera en el mercado inmobiliario. En esta crisis habitacional, Andalucía es una de las comunidades más afectadas. A lo citado anteriormente hay que considerar que es la comunidad en la que más se ha incrementado (porcentualmente) el precio de la vivienda en los últimos años, al tiempo que se masificaba la presencia de pisos turísticos. De hecho, en Andalucía hay actualmente más pisos turísticos que vivienda pública. El parque residencial de la Junta de Andalucía, gestionado a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), cuenta con un montante total de 70.000 viviendas públicas, de las cuales hasta 48.000 son en régimen de alquiler. Y, pese a que es el mayor parque residencial de España, la realidad es que es un número completamente insuficiente para competir con la voracidad del mercado y con el contexto económico adverso con el que juega la comunidad andaluza. Mientras eso sucede, otro dato que alerta de la situación es la cantidad de pisos turísticos que hay en Andalucía. Según los datos del INE del pasado noviembre Andalucía continúa a la cabeza de comunidades autónomas que acumulan un mayor número de viviedas turísticas en España, 91.757. Es decir, Andalucía cuenta ya con un mayor número de pisos turísticos que de vivienda del parque público, lo que evidencia y denota una clara desigualdad en el reparto de las necesidades y los bienes en nuestra comunidad. Choque político La oposición ha criticado este lunes que mientras esto ocurre en el terreno estatal mientras tanto en Andalucía, al igual que ocurre en otras comunidades autónomas gobernadas por el PP, los gobiernos autonómicos se niegan a aplicar el Plan Estatal de Vivienda. De hecho, en la primera comisión sobre Vivienda en el Parlamento andaluz, la consejera del ramo, Rocío Díaz, expresó que su gobierno se niega a declarar zonas tensionadas en nuestra comunidad. Las zonas tensionadas son un mecanismo donde en un área geográfica el acceso a la vivienda es difícil porque el alquiler o la hipoteca y los gastos superan el 30% de los ingresos medios de los hogares, o porque el precio ha subido más de 3 puntos por encima del IPC en los últimos cinco años. Si una administración (es competencia autonómica) declara una zona de esta tipología podría permitir que…
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