El Gobierno se puso este miércoles del lado de Maricarmen, la mujer de 87 años que fue desahuciada en Madrid por un fondo buitre. Ante las críticas por que su legislación no haya sido capaz de evitar que la Policía sacara a una persona con discapacidad de la que ha sido su casa durante siete décadas, Pedro Sánchez responsabiliza a Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida. «El desahucio de Maricarmen es una tragedia social que no podemos aceptar como país», aseguró el presidente a preguntas sobre el asunto en la rueda de prensa de la cumbre de Naciones Unidas en Nueva York. «Hay que decir que hay dos administraciones competentes en la protección de personas vulnerables como Maricarmen, el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid, que están más preocupados en comprar aticazos de 200 metros de terraza, pero han hecho caso omiso a una tragedia social que debería ser resuelta», criticó. La intención clara de Sánchez era señalar a los Gobiernos de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital, que es de «quien son las responsabilidades» en materia de vivienda. «En Madrid tenemos a alguien que se vanagloria de que los fondos buitre pueden comprar las viviendas de protección. Estamos en política para que estas tragedias no sucedan. Esto no tiene color político. Esto es luchar contra la injusticia, contra la exclusión. Frente a la falta de compromiso de determinados gobiernos, tenemos que regular a nivel estatal», dijo. Sánchez critica a las derechas por tumbar los decretos de vivienda Ni una palabra del presidente sobre la regulación estatal que sí ha hecho el Gobierno que dirige, la incapacidad de su Ministerio de Vivienda para evitar que en 2026 siga habiendo más de 40 desahucios al día, o la debilidad parlamentaria que le impide convalidar los decretos que habrían evitado la imagen de Maricarmen saliendo en camilla de la casa de su vida, o la de David y su hijo saliendo de un piso social en Vallecas. Sánchez dijo en varias ocasiones que el Ejecutivo «no descarta nada» para evitar situaciones como estas. Tampoco hizo autocrítica sobre la abstención del PSOE en la tramitación de una propuesta de ley que prohibía la compra especulativa de pisos por parte de empresas como Urbagestión, la responsable de que una mujer de 87 años esté en la calle. «Si el parlamento hubiera aprobado el real decreto ley que el Gobierno llevó, hoy no tendríamos la situación que está viviendo Maricarmen, que ha estado 70 años pagando religiosamente su alquiler», se limitó a decir. Habla del escudo social, que incluía la moratoria antidesahucios que prohibía desalojar a personas vulnerables, y la prórroga de los alquileres por dos años. Ambas medidas habrían protegido a Maricarmen, pero decayeron a principios de este año con los votos en contra del Partido Popular, Vox y Junts. Ahora, Sumar presiona a su socio mayoritario en el Gobierno para llevarlas de nuevo al próximo Consejo de Ministros, mientras siguen las negociaciones para satisfacer las…
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