Seis millones, una subasta desierta y 224 páginas que no explican el ático de Ayuso

Huir hacia delante: un ático de seis millones, una subasta desierta y un expediente que genera más dudas de las que resuelve Las sospechas de que Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, se ha intentado agenciar de tapadillo una residencia presidencial por valor de varios millones de euros y que, al ser descubierta la operación, se ha prescindido de la vivienda para no quedar mal ante el vulgo, se han instalado en la opinión pública. Después de un par de meses en los que el caso del ático ha ido adquiriendo nuevos matices, se puede echar la vista atrás y contemplar la actuación del Gobierno de la Comunidad de Madrid como una de las huidas hacia delante más extrañas que se recuerdan en la política patria. En aproximadamente 48 horas, la operación pasó de ser alto secreto a estar abriendo todos los periódicos españoles. La Comunidad de Madrid había comprado, a través de la empresa pública Planifica Madrid, una vivienda de lujo por 6,3 millones de euros en el centro de Madrid, con el objetivo de convertirla en la residencia de Isabel Díaz Ayuso. Al conocerse la información, el Gobierno de la comunidad capitalina decidió optar por la versión de que se había adquirido para convertirlo en oficinas para el equipo de Sol. Tras la publicación del expediente de la vivienda esta semana, además, ha quedado patente que el uso que se le iba a dar a este inmueble era residencial, y en ningún momento se menciona su carácter como posible oficina ni se habla de las obras de la Real Casa de Correos, excusa que el Gobierno madrileño planteó inicialmente para justificar la compra de esta vivienda. Los miembros del gabinete de Ayuso quedaron descolocados cuando se descubrió el preciso plan que habían urdido, planteándose cómo podría haberse filtrado a la prensa. La operación del ático la conocían, presuntamente, muy pocas personas. Isabel Díaz Ayuso, su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez; el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín; y la consejera de Economía, Rocío Albert López-Ibor. El movimiento se produjo de forma opaca, sin pasar por el Consejo de Gobierno ni por ningún otro organismo, y le había costado más de 6 millones de euros a las arcas públicas. Todo parecía ir sobre ruedas hasta que alguien lo filtró a El País, y el equipo de la presidenta empezó a elucubrar sobre que había tenido que ser alguien muy cercano, que conociera la operación. Al haber sido pillados, tocaba hacer algo al respecto, y la decisión tomada fue, simplemente, intentar huir hacia delante y deshacerse del ático. ¿Oficinas? ¿Subasta? En apenas unas horas las mentes pensantes del Gobierno madrileño decidieron que había que deshacerse del piso. Lo primero fue desmentir que se tratara de una vivienda, sino que lo iban a utilizar como oficina, en una versión que se ha contradicho conforme han ido pasando las semanas. Que eran oficinas, no un piso para vivir, y que además, ya no lo necesitaban, así que…