Hay gobiernos que gobiernan. Otros gobiernan y explican. Y hay gobiernos que han convertido la explicación en una fábrica de relatos. El de Isabel Díaz Ayuso parece pertenecer a esta última categoría. Porque en Madrid funciona una regla sencilla: si algo sale bien, es mérito de Ayuso; si sale mal, siempre hay un culpable fuera. El Gobierno de España, la financiación, la izquierda, los sindicatos, los medios, Europa, la inmigración… Siempre hay un enemigo disponible. Y entonces apareció el ático. No es solo un ático de lujo de 485 metros cuadrados y 199 de terraza, adquirido por una empresa pública de la Comunidad por 6,3 millones de euros. Es algo mucho más importante: el símbolo de una forma de gobernar en la que los madrileños parecen enterarse de las decisiones de su Gobierno cuando alguien las descubre y pregunta por ellas. La operación no estaba inicialmente presupuestada y la explicación oficial llegó meses después: sería utilizado por la presidenta durante las obras de la Real Casa de Correos. Cinco denuncias, además, han acabado bajo estudio judicial. Y aquí está la clave. No hace falta que un Gobierno espere a que un periódico descubra una compra de 6,3 millones para explicar para qué quiere un ático. Eso se llama transparencia. Lo contrario tiene otro nombre. Y por eso el ático representa perfectamente el título de esta columna: Ayuso, de profesión: mentir. Mentir —en el sentido político de fabricar o sostener un relato que se enfrenta a la realidad— no consiste únicamente en inventar una cifra. También puede consistir en ocultar, minimizar, desviar, negar y convertir al que pregunta en el problema. Y ese patrón aparece una y otra vez. Apareció con las residencias y con las explicaciones sobre la muerte de miles de mayores durante la pandemia. Aparece cuando se reclaman responsabilidades a los demás con una contundencia que se vuelve mucho más selectiva cuando afectan al propio espacio político. Y aparece ahora donde más duele: en la sanidad. Porque una lista de espera no es una estadística. Es un enfermo. El escándalo del Ramón y Cajal ha puesto sobre la mesa algo gravísimo. Según la documentación publicada, 57 pacientes que figuraban con prioridad preferente fueron rebajados a prioridad normal, ampliando de 90 a 180 días el plazo de referencia para su intervención. Los cambios, según esos documentos, se realizaron a espaldas de los cirujanos que habían establecido la prioridad. La Comunidad de Madrid ha abierto una investigación y ha defendido que no existe una manipulación generalizada. Pero hay algo todavía más preocupante. La Consejería llegó a señalar públicamente al médico que denunció los hechos. Después, nuevos documentos publicados apuntaron en otra dirección y la propia Comunidad reconoció que las listas habían sido manipuladas. ¿Entienden ahora el problema? Primero se cuestiona al que denuncia. Después se descubre que los datos habían sido modificados. Y mientras tanto, alguien espera. Eso no es mejorar la sanidad. Eso es mejorar la estadística. Es maquillar el termómetro para poder anunciar que la fiebre ha bajado…


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