Benaoján, pequeño municipio de la Serranía de Ronda, afronta una de sus crisis educativas y políticas más importantes de los últimos años. En el centro del conflicto están los alrededor de 130 alumnos del CEIP Nuestra Señora del Rosario, sus familias y unas obras que han llegado al comienzo del curso sin finalizar. El conflicto ha puesto contra las cuerdas a las dos administraciones gobernadas por el PP: la Junta de Andalucía y un Ayuntamiento al que la oposición acusa de falta de previsión y de reaccionar cuando el problema ya había estallado y donde los socios de Gobierno piden que el alcalde se vaya. La situación ha terminado poniendo bajo el foco a dos administraciones gobernadas por el Partido Popular. Por un lado, la Junta de Andalucía, competente en materia educativa y responsable de la actuación que se desarrolla en el colegio. Por otro, el Ayuntamiento de Benaoján, al que desde la oposición se acusa de no haber realizado el seguimiento y la presión necesarios para evitar llegar a septiembre sin una alternativa plenamente resuelta. Y el problema no apareció de repente. Según ha denunciado el AMPA, las obras comenzaron en julio con un plazo estimado de cuatro meses, se paralizaron a finales de ese mismo mes y no se retomaron debidamente hasta pocos días antes del comienzo del curso. Las familias aseguran además que ahora los trabajos podrían prolongarse durante todo el primer trimestre. Una cronología que plantea una pregunta inevitable como es el hecho de que si las obras tenían una duración prevista de varios meses y el comienzo del curso estaba fijado desde hacía tiempo, ¿cómo se permitió llegar al 10 de septiembre sin una solución consensuada para todo el alumnado? Los 130 alumnos se quedan sin entrar en clase La respuesta de las familias fue contundente. Los aproximadamente 130 escolares no acudieron al colegio durante la primera jornada lectiva. Padres, madres, alumnos y vecinos se concentraron a las puertas del centro al considerar que las instalaciones no reunían las condiciones adecuadas mientras continuaran los trabajos. Las familias denunciaron una vuelta al colegio entre aparatos, obstáculos, obras, polvo y problemas en los aseos, y rechazaron que la solución planteada inicialmente pasara por trasladar únicamente a Infantil —alrededor de una treintena de menores— a dependencias municipales mientras cerca de un centenar de estudiantes permanecían en el edificio afectado por los trabajos. El AMPA ha insistido en que no se opone a unas obras que considera necesarias. Lo que cuestiona es que puedan desarrollarse simultáneamente con la actividad lectiva sin que exista una alternativa satisfactoria para todos los alumnos. Entre sus peticiones figuraba retrasar durante una semana el inicio efectivo de las clases, sin consecuencias académicas ni administrativas para los escolares, y aprovechar ese margen para que Junta, Ayuntamiento y dirección del centro habilitaran espacios alternativos y seguros para todo el alumnado. El malestar llena el Ayuntamiento y llega hasta la plaza Pero el conflicto educativo ya había adquirido también una enorme dimensión política. El malestar terminó explotando…


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