La compra por parte de la Comunidad de Madrid del polémico ático de lujo en Chamberí está ya en manos de los tribunales. El juzgado de instrucción número 8 de la capital estudia las cinco denuncias enviadas por la Fiscalía sobre la operación que, desde hace dos semanas, cerca a Isabel Díaz Ayuso. La jueza Rosario Espinosa baraja ahora las distintas diligencias que piden los denunciantes, que ponen el foco en Planifica Madrid, la agencia autonómica que ejecutó la compra del inmueble por 6,3 millones de euros; la Consejería de Presidencia; y la puesta a la venta simultánea de los pisos del novio de la presidenta regional, Alberto González Amador, entre otras cuestiones. Además de las del Partido Socialista y la formación extraparlamentaria Iustitia Europa, la jueza tiene en sus manos las denuncias de tres particulares: el activista Fernando Jabonero y los ciudadanos Dionisio Cabeza e Iván de Ángel de Diego. En paralelo, el abogado Javier Flores también llevó la operación ante el Tribunal de Cuentas. Todos ellos señalan al Gobierno de Ayuso por haber incurrido, presuntamente, en delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación. La documentación, la gran incógnita La principal cuestión que ha provocado el terremoto en la Puerta del Sol es la opacidad con la que se ha llevado todo a cabo. La compra no se conoció hasta hace dos semanas por los medios de comunicación, a pesar de que se ejecutó en abril, y desde entonces sigue sin haber disponible ninguna documentación al respecto en los portales de transparencia de la Comunidad de Madrid. Es por ello por lo que los denunciantes creen, directamente, que no existe ningún expediente que aclare las distintas preguntas que siguen sobrevolando a la compra del ático. Aun así, piden a la jueza que requiera la documentación pertinente a Planifica Madrid, la sociedad pública que compró el ático de lujo, y al Consejo de Gobierno de la región, para tratar de resolver algunas de ellas o, en su lugar, para determinar que no hay forma de contestarlas y analizar los posibles ilícitos en los que incurrieron. Por tanto, los denunciantes piden a la togada que requiera a la Administración regional el expediente de compra, las certificaciones del Registro de la propiedad, y los documentos de la notaría en los que consten oficialmente quién compró, quién vendió, y si realmente se pagaron 6,3 millones de euros. La cifra solo se conoce por los medios de comunicación, pero concuerda con el precio de un ático de esas características -481 metros cuadrados, 200 de terraza-, en el paseo del General Martínez Campos, en una de las zonas más privilegiadas de la capital. Las obras de Sol La otra gran incógnita es la explicación dada desde el principio por la Comunidad de Madrid, que es que Ayuso necesitaba un espacio temporal para «recibir reuniones», según dijo su gabinete a ElPlural.com, mientras se reformaba la Real Casa de Correos. La cuestión está en que, hasta que se conoció el escándalo, no se había comunicado nada…
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