La crisis migratoria desencadenada tras la llegada masiva de personas a Ceuta continúa elevando la tensión entre el Gobierno y varias comunidades autónomas. Ejecutivos regionales gobernados por el Partido Popular y Vox han reiterado su rechazo al reparto de menores migrantes no acompañados impulsado por el Ejecutivo central, mientras otras autonomías reclaman garantías legales, financiación o una mayor coordinación institucional. El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, por su parte, ha advertido de que el cumplimiento de la ley será obligatorio t que la Fiscalía de Menores deberá actuar de oficio para garantizar el cumplimiento de la normativa. Por su parte, el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, ha señalado que Ceuta atiende actualmente a alrededor de 1.100 menores migrantes y ha confirmado que ya se están realizando traslados de niños y adolescentes no acompañados hacia distintos puntos de la Península. En paralelo, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha marcado distancias con el discurso del líder de Vox, Santiago Abascal, sobre los menores migrantes no acompañados que han llegado a España tras la crisis en Ceuta y ha defendido que esta situación debe abordarse aplicando los mecanismos que prevé la ley, como la reagrupación familiar o el retorno de los menores a los servicios sociales de sus países de origen. Andalucía rechaza el reparto de menores El vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía y dirigente de Vox, Manuel Gavira, ha asegurado que el Gobierno andaluz se opondrá al reparto de menores migrantes procedentes de Ceuta, en línea con la posición defendida por Vox en el resto de comunidades donde forma parte del Ejecutivo. Según ha explicado, esta postura responde al acuerdo de gobierno suscrito con el PP, que contempla el rechazo a nuevos mecanismos de distribución de inmigrantes en situación irregular, tanto adultos como menores. Gavira ha calificado la llegada masiva de migrantes a Ceuta como una «invasión» y ha defendido que quienes accedieron de forma irregular deben ser devueltos a Marruecos, incluidos los menores junto a sus familias. Días antes ya había sostenido que la presión migratoria registrada en la ciudad autónoma comenzaba a trasladarse al litoral andaluz. Extremadura anuncia una oposición «por tierra, mar y aire» En Extremadura, el vicepresidente y consejero de Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle (Vox), ha reiterado que el Ejecutivo autonómico utilizará todas las vías políticas, administrativas y judiciales para impedir la llegada de nuevos menores migrantes no acompañados. El dirigente ha defendido que la comunidad únicamente dispone de doce plazas libres para menores, frente a las 257 que atribuye el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, y ha asegurado que el sistema autonómico de protección está cerca del colapso. Asimismo, ha recordado que la Junta ya ha presentado varios recursos contencioso-administrativos contra las decisiones del Ejecutivo central y ha anunciado que continuará recurriendo cualquier reparto obligatorio. Aragón recurrirá a todas las vías legales También el Gobierno de Aragón ha mostrado su rechazo a la distribución de menores migrantes. La vicepresidenta autonómica…
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