La actualidad en torno a la Comunidad de Madrid ha girado en estos últimos días, por un lado, sobre la gestión de los incendios de la Sierra Oeste por los que se declaró la emergencia nacional y, en segundo lugar, y en trascurso de tan solo 24 horas, la compra por parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de un ático valorado en seis millones de euros que, finalmente, ha salido a la venta en mitad de toda una polémica política y mediática. Bajo este marco de acontecimientos, el relato se ha conjugado entre los incendios y un ático que han culminado en agudizar el ojo crítico sobre la gestión del Ejecutivo de Díaz Ayuso, más aún cuando se ha justificado la venta del polémico inmueble que, sumado a otros cuatro de propiedad pública y aunando 20 millones de euros, se destinará a paliar las consecuencias del fuego en los municipios y zonas afectadas. Cuando la noticia de la compra de este inmueble de más de 400 metros cuadrados y ubicado en el Paseo del General Martínez Campos –cercano a la vivienda que tiene la presidenta en nuda propiedad de su familia- salió a la luz este miércoles, la propia mandataria regional, en sus explicaciones ante la prensa, denunció una «campaña de desprestigio» en su contra argumentando que era para fines profesionales y no personales. «No voy a tener una residencia oficial como tantos ministros ni como tantos presidentes de otras comunidades autónomas», precisó. Sin embargo, tan sólo un día después, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración local, Miguel Ángel García Martín, ha avanzado que la vivienda se sacará a la venta «para ayudar en la reconstrucción» de las zonas afectadas por los incendios, sumándose a esta operación otros cuatro inmuebles del Ejecutivo de la Puerta del Sol tiene en la Gran Vía, aumentando la cuantía en unos 20 millones de euros. A través de la empresa pública Planifica Madrid, se iniciará el proceso de venta de estos inmuebles con el objetivo de ampliar el presupuesto que paliará los efectos materiales más inmediatos que ha calcinado el fuego. Los pasos a seguir, según ha precisado el Gobierno madrileño, serán continuar con las obras planificadas en la Real Casa de Correos y proceder en la búsqueda de otros espacios dentro de su patrimonio inmobiliario que reúnan «las condiciones necesarias para trasladar la actividad mientras que duren estos trabajos». «La Real Casa de Correos tiene más de 250 años de historia, es BIC y nuestro deber es conservarlo porque es una de las joyas del patrimonio de la Comunidad de Madrid, y también seguiremos buscando en paralelo espacios dentro del patrimonio de la Comunidad de Madrid que hagan compatible ese uso institucional, y que sea compatible también con esas obras que ya están planificadas y que, además, son necesarias para conservar en buen estado ese edificio», ha defendido al respecto el portavoz regional. Incendios y ático, una mezcla polémica El fondo y la forma en la que se han sucedido estos…


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